A finales del mes pasado, Delia Quiroga, fundadora del colectivo “10 de marzo” (fecha en la que fue secuestrado su hermano quien sigue sin aparecer), subió un video en el que pide una tregua a los cárteles de la droga, una tregua que les permita a las familias no vivir en medio de la violencia. Se trata de llegar a un acuerdo que les permita circular con seguridad para buscar a sus hijos y familiares desaparecidos, ya que, en varias ocasiones, estas heroínas conocidas como “las madres buscadoras” han sido amenazadas, agredidas e inclusive, asesinadas.

Al poco tiempo de haberse dado a conocer este video, líderes de colectivos de buscadoras de todo el país sostuvieron una reunión para solicitar a los cárteles un pacto social que les permita a las activistas buscar a sus desaparecidos sin que se ejerza violencia en su contra. Así lo informó a través de un video Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, en donde pidió al presidente, hacer una tregua con los grupos de la delincuencia organizada.

López Obrador manifestó su apoyo al pacto de paz propuesto por la Sra. Quiroga para se erradique la desaparición forzada de personas: “Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos… La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que le apoyamos”, dijo el presidente.

Llama poderosamente la atención que, ante la pregunta de un reportero; “¿Un pacto con los grupos del crimen organizado?” El mandatario contestara: “Que no actúen con violencia, claro que sí, si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta”.

En mi experiencia profesional de más de tres décadas, el pedirle al crimen organizado que no use la violencia para llevar a cabo sus negocios, sería el equivalente de esperar que el sol que no ilumine o que el agua que no moje. La violencia es inherente en la operación cotidiana del mundo criminal. El gran problema es que el Estado falló (desde hace casi dos décadas) en limitarla, controlarla y regularla, ya que resulta imposible eliminarla.

Ahora, en un video que se difundió el viernes pasado, nueve sujetos vestidos con uniformes tácticos color negro, con el rostro cubierto y portando armas de grado militar, leyeron un comunicado. En sus chalecos se leen las iniciales CDN (en referencia al cártel del Noreste), un grupo armado producto de la fragmentación de lo que fueron los Zetas y del cártel de Golfo. En el centro, uno de ellos sujeta un papel mientras lee: “Esta organización da respuesta a su llamada de tregua (del presidente mexicano) y se une a la misma. De ningún motivo significa debilidad, sino que busca la paz y el bienestar de México”.

Con este comunicado, el presunto integrante del CDN da el visto bueno a la petición difundida el mes pasado por los colectivos que pedían a los líderes criminales una tregua de paz para buscar a sus desaparecidos. Y colorín colorado… este cuento dista de haberse acabado.

La historia contemporánea nos dice que organizaciones criminales con un poderío digno de retar al Estado han existido desde hace mucho en distintos países. El cúmulo de la experiencia internacional nos dicta que ninguna mafia ha sido controlada (ya no digamos sometida o extinguida) mediante algún tipo de pacto para la paz. Casos exitosos como los de Italia o Estados Unidos (e inclusive los nuestros en México) en dónde se logró detener la violencia criminal (e inclusive la desarticulación de los grupos criminales) fueron producto de un Estado fuerte con ley en mano y mucha voluntad para el combate frontal contra las organizaciones generadoras de violencia.

Pensar que un cártel pueda ejercer sus actividades criminales de forma relativamente pacífica y sin violencia homicida, es el equivalente a creer en la existencia de unicornios, Pie Grande o el Yeti.

Y no digo esto por la petición de las heroicas madres buscadoras (ellas buscan lograr el cese de agresiones en su contra a toda costa) lo digo por parte del Estado.

POSTDATA – El grupo ruso paramilitar Wagner, lidereado por Yevgeny Prigozhin, rompió la relación que mantenía como fuerza privada de ataque con el gobierno de Vladimir Putin como represalia por haberlos bombardeado. Horas después de este rompimiento, ambas partes llegaron a un pacto de no agresión y perdones mutuos. Hay quien dice que esto es una puesta teatral, mientras que otros dicen que Putin está perdiendo el control. Sea lo que sea, negociar con grupos que actúan y viven fuera del imperio de la ley es jugar con fuego de máxima intensidad.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN

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