Lo que no importa a los populismos. El buen gobierno a debate

Carlos Matute

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, aprobada el 10 de octubre de 2013 en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), establece que la buena administración pública es una obligación inherente a los poderes públicos, que deben promover los derechos fundamentales de las personas, actuar con criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, así como prestar servicios públicos y ejercer de sus funciones con oportunidad.

Esta carta constituye un marco de referencia que posibilita la extensión de las buenas prácticas en la gestión de lo público en cualquiera de sus manifestaciones, lo gubernamental y lo no gubernamental y fijó como su estrella polar a la dignidad humana y el derecho al buen gobierno.

Hay que señalar que para que la buena administración sea una realidad, las personas que desempeñen un cargo o comisión en los entes públicos deben estar sometidas a un régimen de responsabilidades que haga efectiva la rendición de cuentas a la que están obligadas. No basta la lealtad incondicional a un proyecto político.

También, el manejo de recursos presupuestales o el ejercicio de autoridad, sin importar la naturaleza de la organización que los realice, ni la justificación política, deben estar sujetos a un ordenamiento jurídico que tenga como última consecuencia una sanción para quien no cumple con las atribuciones que la normatividad le otorga. Este es un principio básico del Estado de derecho y es lo único que garantiza que el poder estará sometido a una ley previamente emitida por un órgano de representación política democrática.

Para ello, las administraciones públicas de los diversos órganos del Estado en sus tres niveles de gobierno deben entablar relaciones de cooperación o contrapeso con base en un espacio de autonomía legalmente reconocida u otorgada y alejarse del verticalismo burocrático y el populismo personalista. Todo el entramado jurídico organizacional que concede poderes a un grupo de personas debe ser suficiente para determinar los compromisos que asume la autoridad frente a la sociedad, ya que lo contrario convertiría al estatus jurídico especial que se reconoce a los gestores de lo público en prebendas o privilegios. Esto último es injustificable, aunque lo pretendido un deseo político legítimo y compartido.

Todo órgano o persona jurídica públicos, desde los subordinados al Ejecutivo que integran tradicionalmente las administraciones públicas federal, locales, micro locales (municipios y demarcaciones territoriales) hasta los concesionarios, contratistas o subrogados de los gobiernos deben estar sometidos a procedimientos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, sistemas de profesionalización, control interno, mejora administrativa y evaluación del desempeño, contrataciones reguladas, planeación y presupuestación explícitas, incorporación de las tecnologías de informática y comunicación y la participación ciudadana y, sobre todo, a un régimen de responsabilidades.

Hoy, la mayoría de los análisis de la gestión pública son fácticos y poco sistemáticos provenientes de la investigación periodística, que tiene una función de denuncia social, generación de conciencia y fuente de debate público, del entusiasmo gobiernista o de los afanes de los neo inquisidores, pero no identifican las causas precisas para dar elementos válidos y objetivos para la corrección y la mejora administrativa.

En ese sentido, hay una necesidad creciente de realizar estudios de la gestión pública con criterios científicos sociales sólidos y hacer una revisión sistemática de la normatividad regulatoria más relevante para identificar las carencias de los gestores de lo público y, con base en ello, diseñar estrategias para hacer efectivo el derecho a la buena administración pública. Por ejemplo, fortalecer el régimen de responsabilidades para que quien abuse de la confianza pública depositada en él sea efectivamente sancionado.

Este año, en la post-pandemia, el CLAD celebra del 23 al 26 de noviembre, en Bogotá Colombia, el XXVI Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, con la participación de funcionarios públicos, expertos, consultores y académicos para reflexionar, entre otros temas, sobre lo necesario que es impulsar el buen gobierno en condiciones adversas en las que la visión política en ascenso en la que la persona humana y su dignidad pasan a un segundo plano y las autonomías constitucionales basadas en la especialización técnica son cuestionadas. Los políticos de hoy buscan popularidad, no les importa el buen gobierno.

Los populismos soslayan que la buena administración pública tiene una triple funcionalidad: es un principio general de actuación política, es una obligación de todos los gestores de lo público para crear las condiciones para que la libertad y la igualdad en una sociedad y se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental que no puede relegarse en miras a imponer un proyecto mayoritario. En contraste, en el Congreso del CLAD debatiremos las propuestas de reforma, las rutas experimentadas y los valores guía. El buen gobierno como centro de la acción pública.

 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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