La reforma judicial cosmética del 2021

Carlos Matute

El presidente López Obrador, en la mañanera del 21 de septiembre, reprochó que Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica De Gyves Zárate, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que él propuso, que se queden callados ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la devolución de más de mil millones de pesos a Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

“A lo mejor en ese ambiente los adormecen (sic)" afirmó el presidente, respecto a quienes el propuso o nombró directamente en el CJF y recordó que 3 de los 11 ministros de la SCJN se designaron durante la autollamada 4a transformación, seleccionados por él y ratificados por el Senado, “pero hoy no escucha sus voces” y remató con que necesitan combatir la corrupción.

En este contexto, el presidente mencionó que era necesaria una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación con la participación de sus integrantes (¿otra?) para que haya una limpieza, según él, con lo que desnudó dos cuestiones: la gran reforma promovida por Zaldívar fue superficial sin la importancia que su impulsor ha proclamado a los cuatro vientos y que no hubo consenso, ni mayor participación de los juzgadores en la misma.

Hay dos modelos de gobierno y administración de la judicatura. Uno, propio del siglo XIX, en el que los jueces y magistrados eran designados por una dependencia del Poder Ejecutivo denominada Secretaría de Justicia y otro, el que fue adoptado por el constituyente de 1917, que es el autogobierno del Poder Judicial de la Federación que se depositaba en la SCJN y el nombramiento de los jueces y magistrados se repartían entre los ministros quienes nombraban, generalmente, a sus secretarios de estudio y cuenta.

En una auténtica reforma del Poder Judicial de la Federación, en 1994, se creó el CJF, como un órgano con autonomía de gestión, con una integración híbrida, es decir, integrantes de la judicatura (3) y abogados reconocidos designados por el Senado de la República (2) y el Ejecutivo (1) más el presidente de la SCJN con la misión constitucional de gobernar y administrar al PJF, salvo a la SCJN y el Tribunal Electoral.

Los magistrados y jueces son revisados en su actuación por el CJF, que les puede fincar responsabilidades administrativas y sancionarlos. A los ministros sólo puede castigarlos administrativamente el Pleno de la SCJN. Este esquema no se modificó con la gran reforma (sic) de 2021. Hoy la investigación en contra de un juzgador federal procede previa autorización del presidente de la SCJN y del CJF, quien debe acordar el inicio de la misma.

Hoy se nota la ausencia de Julio Scherer como abogado del presidente y que éste carece de un buen asesor jurídico o si lo tiene es evidente que no lo toma en cuenta. ¿Quién se atreverá a decirle al inquilino de Palacio Nacional que los consejeros de la Judicatura no pueden revisar la legalidad de las determinaciones de la segunda sala de la SCJN? ¿Qué las decisiones de los juzgadores sólo pueden ser revisadas en la forma, no en el fondo? ¿Qué el respeto al criterio judicial en las sentencias es la principal garantía de su independencia?

Ante esto, en Pino Suarez 2, el ministro presidente calla ante la burda intervención del presidente en las decisiones y la descalificación a su gran reforma. Su “prudencia excesiva” raya en la sumisión. Era una buena oportunidad para recordarle al caudillo que los juzgadores no fallan conforme al sentir social o agrado de la mayoría política, sino con base en los derechos humanos que reconoce la Constitución.

El diseño constitucional vigente es que los ministros y consejeros no son subordinados de quien los propone en una terna o los designa y, por lo tanto, no deben rendir cuentas al presidente, ni al Senado y son responsables ante la Nación con el ejercicio de su encargo.

Jurídicamente, el gobierno federal debe devolver los mil millones de pesos a la quejosa que obtuvo la protección de la Justicia de la Unión so pena de incurrir en desacato. Esa es la garantía para que exista un auténtico Estado de derecho.

¿Qué reforma judicial quisiera el presidente? Acaso pide que el gobierno de los juzgadores y la administración de los tribunales regrese al Ejecutivo como en la dictadura porfirista. Es evidente que la reforma cosmética de Zaldívar no funcionó desde la perspectiva presidencial. Lo lamentable es que, desde las mañaneras, se pretende cobrar facturas políticas a los ministros y consejeros nombrados y se exhibe que el Senado sólo fue un trámite más en el proceso de su designación. Este tipo de declaraciones del presidente afectan la vida institucional.

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