El Tribunal Electoral (TE), órgano con autonomía plena del Poder Judicial de la Federación no subordinado a ningún órgano del Estado y en plano de igualdad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es uno de los emblemas de la nueva institucionalidad, que sustituyó a la del régimen autoritario del partido hegemónico, y cuyo fruto fue la alternancia en el poder, la competencia en elecciones equitativas y la pluralidad del espacio público.
El TE sustituyó al Colegio Electoral Federal en la atribución de calificar la elección presidencial con lo que se estableció que un órgano profesional, imparcial, independiente y objetivo fuera quien determinara la legitimidad del nombramiento o, en su caso, la nulidad del proceso electoral. En esta lógica, el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación consigna en su párrafo quinto lo siguiente:
“Para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior (del TE) deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.
El quorum es una mayoría calificada del 85% y los magistrados son electos por una mayoría de las dos terceras partes de los presentes en el Senado, exprofesamente para integrar la sala superior, entre los propuestos por la SCJN en una terna por la importancia que reviste la calificación de la elección presidencial. Cualquier defecto o inconveniente en estos dos elementos pone en duda la legitimidad de la elección presidencial.
El TE es un pilar de la democracia mexicana y cualquier circunstancia que afecte su credibilidad y confiabilidad es grave para la nueva institucionalidad basada en la pluralidad, la inclusión y la tolerancia. Los conflictos internos en el TE dan municiones para dañar la nueva institucionalidad a quienes añoran el pasado autoritario en el que la vida política del país era dirigida, en sus tiempos y formas, desde la cúspide del poder presidencial y el partido político con la mayoría simple en el Congreso.
Actualmente, el TE vive dos crisis: la no integración completa de su sala superior y el sainete que protagonizaron sus miembros y que condujo a la renuncia de su presidente, el Magistrado Reyes Mondragón, a quien tres de sus pares, según manifestaron públicamente, le perdieron la confianza. La inestabilidad en ese órgano jurisdiccional, lamentablemente, es una constante, en donde las cuestiones personales y partidistas debieran pasar a un segundo plano.
La vacancia de dos magistrados de la sala superior debiera ser uno de los temas prioritarios del Senado, que recibió el 25 de septiembre las ternas aprobadas por unanimidad de la SCJN, para proceder a la elección o, en su caso, rechazo de los propuestos en el término legal de 15 días. Sin embargo, no corre ninguna prisa a la mayoría política para realizar estas designaciones importantes y el proceso ya se aplazó para el periodo de sesiones siguiente, que es el último antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
El nombramiento de una vacancia definitiva corresponde al Senado y no puede suplirse por un acuerdo de la Sala Superior, so pena de poner en riesgo la legitimidad de la calificación de la elección presidencial. La aplicación de cualquier antecedente que exista sobre la suplencia de un magistrado de sala superior en otro tipo de asuntos sería cuestionable.
La nueva institucionalidad ha estado a prueba en todo el periodo de 2019 a 2023 con la renuncia de tres presidentes del TE. La razón de la más reciente es que le perdieron la confianza y surge la interrogante respecto a las causas de este desencuentro. Hay que señalar que cualquier argumento afecta su reputación. La pregunta sustancial es: ¿la ciudadanía está perdiendo la confianza en el TE?
La nueva institucionalidad, gestada en la década de los noventa del siglo pasado, no ha sido suficiente para democratizar a los partidos políticos, romper los esquemas de participación ciudadana rígidos y fracturar las estructuras que reproducen las condiciones de desigualdad social, pero abrió los espacios para el debate público y canalizó la demanda social para el impulso de profundos cambios en la forma de concebir y hacer política, que nos alejó del autoritarismo.
El bienestar social no es consecuencia de la democracia representativa, ni seguir el modelo occidental basado en los derechos humanos y la libertad son garantía de una mayor riqueza colectiva y mejor reparto de la misma, sin embargo, los países con elevados estándares de desarrollo sostenible e incluyente son aquellos que lo han adoptado. Dos de los elementos esenciales de este modelo es la independencia judicial y la equidad de las elecciones y el Tribunal Electoral debe ser un bastión de ambos. Con las vacancias y los conflictos internos se está entregando la plaza a los adversarios de la democracia.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez
