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La digitalización de la rendición de cuentas

Carlos Matute

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como órgano con autonomía de gestión perteneciente a la Cámara de Diputados, ha promovido, desde su creación, la modernización de las entidades públicas impulsando el control interno como estrategia de prevención de los actos de corrupción y la adopción de las mejores prácticas en materia de rendición de cuentas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Durante la pandemia del COVID 19, con base en el avance legislativo en materia de firma electrónica avanzada y emisión de certificados digitales, la ASF determinó acelerar la automatización de los procesos de fiscalización para mejorar su eficiencia con la reducción de los costos vinculados con el traslado de auditores a los lugares de trabajo de las entidades fiscalizadas, entre otros, y con la solicitud, recepción, validación, clasificación, verificación, registro y custodia de información en medios electrónicos. 

El 20 de julio de 2020, se publicaron las reglas para la utilización de la herramienta tecnológica denominada Buzón Digital de la ASF, que lo creó, dispuso que el Transfer ASF sería el módulo de la plataforma tecnológica para la certificación y estableció que la obligación de emplearla en un proceso de fiscalización se sujetaba a la adhesión voluntaria de la entidad fiscalizada. Además, se declaraba que ya se disponía de la herramienta tecnológica para instrumentar el envío y la recepción de información y/o documentación electrónica. 

El pasado 11 de enero, se publicó la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que establece como una vía optativa para la ASF el proceso digitalizado y obligatorio para la entidad fiscalizadora, que deberá remitir toda la información que se le solicite por medios tecnológicos, utilizando la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria y el sello digital de tiempo de la Secretaria de Economía. 

Es previsible que este andamiaje jurídico-administrativo para llevar a cabo la cuenta pública contribuya a aumentar la capacidad de revisión de la ASF y el porcentaje del gasto público federalizado verificado. La herramienta digital es especialmente importante para darle seguimiento a los recursos presupuestales transferidos a las entidades federativas que son la fuente del mayor número de observaciones y de posibles desvíos. Además, es similar al que ya existe para las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal en los procedimientos administrativos conforme al artículo 69-C de la materia. La automatización se extiende a la denuncia ciudadana para que está sea más ágil y accesible. 

La reforma legislativa del buzón digital incluye reglas que garantizan los derechos de las entidades fiscalizadas cuando consignan los efectos de las notificaciones y las consecuencias de que un documento se remita por vía electrónica. Esto, además de que otorga certeza jurídica en el proceso de fiscalización, contribuye a su celeridad para que se cumpla oportunamente con los plazos constitucionales para la rendición de cuentas. 

La digitalización es una estrategia que debe expandirse a toda la gestión cotidiana de las organizaciones en razón a que favorece a una mejor recepción, organización, clasificación y almacenamiento de la información en las entidades púbicas, que se refleja en la agilidad y orden de los trámites en beneficio de los administrados. Son parte de un buen gobierno en un mediano plazo. 

La complejidad es una de las características de la gestión pública actual y el manejo de esta circunstancia es más eficiente en la medida que se cuenten con herramientas que hagan posible el acceso a la inmensa cantidad de datos que generan las organizaciones. Esto sólo es posible a través de la digitalización, que es el sustento de cualquier estrategia basada en big data o la minería de datos. 

La digitalización de la rendición de cuentas es la punta de lanza para extender los medios electrónicos en la gestión pública federal, estatal y municipal e impulsar la adopción de esta mejor práctica en la comunicación con el ciudadano. El tránsito de los modelos de manejo de la información en papel al electrónico contribuye a la mayor eficacia, eficiencia y economía en las organizaciones públicas y el uso de la firma electrónica da mayor certeza jurídica.  

El buzón digital de la ASF, como otras herramientas similares, facilita el proceso de fiscalización en momentos en que la movilidad no es recomendable y permite mantener una comunicación oportuna con las entidades fiscalizadas. Este tipo de iniciativas deben multiplicarse para crear más medios de intercambio de información oportuno y seguro. Vale. 

 

Socio director de Sideris, Consultoría Legal. 
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Twitter @cmatutegonzalez 
www.carlosmatute.com.mx 
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