La coordinación federal. Nada más faltaba que no existiera institucionalmente

El presidente López Obrador, en su primer visita a Tamaulipas después de dos años de ausencia, afirmó al finalizar la reunión del gabinete de seguridad que la estrategia de protección ciudadana está rindiendo frutos en esa entidad federativa y, según las cifras obtenidas del “sistema de información que se maneja a nivel nacional y también con información del INEGI” (https://lopezobrador.org.mx/), hay una tendencia a la baja en los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, extorsión, robo de vehículos y robo en transporte. También anunció el plan de apoyo para ese estado ya que “desde luego se va intensificar todas las acciones del gobierno federal, son mejores las condiciones” en razón a que llegó un aliado político morenista y, por lo tanto, honesto desde su apreciación personal.

Llama la atención el reconocimiento público del rompimiento de sus relaciones personales con el gobernador anterior, quien fue acosado política y financieramente por su participación como impulsor de la alianza federalista en 2020 y su posible proyección para obtener la candidatura presidencial de la oposición a la autollamada 4T.

La coordinación de los gobiernos de la República y el tamaulipeco y la operación de los programas federales en la entidad se mantuvieron, lo que ahora es la explicación de las cifras presumidas sobre el abatimiento de la inseguridad. Nada más faltaba que no fuera así. Los recursos públicos y las administraciones públicas no pertenecen a nadie, ni deben ser instrumento de la lucha política partidista o personal en una democracia representativa y plural respetuosa de los derechos humanos y las minorías.

La gobernabilidad de una sociedad democrática es resultado, primero, del ejercicio de un poder legitimado que garantice la existencia y operación de una institucionalidad en un territorio que considere desde el monopolio en el cobro de contribuciones, la administración de la justicia y el establecimiento del orden público hasta el fomento al desarrollo sustentable e incluyente mediante la acción económica y social de los gobiernos en sus tres niveles y, segundo, de un consenso amplio respecto a la necesidad de que las decisiones y acciones construidas pluralmente sean tomadas y llevadas a cabo por una unidad jurídico-política denominada Estado.

El Estado es una abstracción ideada en la modernidad con el propósito de darle forma a la nación y justificar la concentración del poder social en un aparato jerárquico civil y militar, que ha evolucionado en los últimos 250 años con base en que el bienestar de la persona humana, considerada individual y colectivamente, debe ser el fin último de la vida colectiva.

En este sentido, la historia constitucional del Estado ha sido una constante incorporación, bajo diversos enfoques ideológicos, de instituciones jurídico-políticas que garanticen la libertad e igualdad del ser humano y el poder se convierte en un instrumento del desarrollo sustentable e incluyente y no un medio para que un grupo de individuos obtengan prebendas y privilegios. La desigualdad social es el sustrato de las dictaduras y los autoritarismos, los cuales se crean y reproducen cuando hay un reparto inequitativo de la riqueza y el poder.

Las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que sostienen al Estado se expresan en instituciones, cuya permanencia es la principal causa de que sea factible una convivencia pacífica, armónica y justa, y los hombres y mujeres que las dirigen son meros pasajeros que tienen la responsabilidad de conservarlas y mejorarlas.

La coordinación entre la Federación y las entidades federativas es una las instituciones que favorecen a un desarrollo regional sustentable que hemos ido construyendo en México con gran trabajo y constancia en los últimos 100 años. Esta edificación ha pasado por diversos procesos descentralizadores y centralizadores dependiendo de las circunstancias y por materia. Actualmente, la coordinación en seguridad pública es uno de los temas que más nos preocupa por los altos índices delictivos y que cuestiones personales, como las ambiciones y las luchas partidistas, la obstaculicen es grave.

En este orden de ideas, da gusto enterarnos que las rencillas presidenciales con el exgobernador de Tamaulipas no afectaron los programas de apoyo federales, pero preocupa que no hayan sido tan intensos como lo serán en el futuro próximo. Objetivamente, las cifras presumidas sobre el abatimiento de los índices delincuenciales son atribuibles a los gobiernos federal y estatal en distinto grado y seguramente fueran mejores si hubiera habido un diálogo político más fluido.

La vida institucional que es condición indispensable para la gobernabilidad, que es mucho más que los conflictos personales, permite concluir que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no fue tan corrupto y pernicioso, ni Américo Villareal será tan honesto y beneficioso para Tamaulipas como los pinta las palabras del presidente y que todos serán parte de las anécdotas de la historia. Lo único que quedará será lo que cada uno haya podido aportar, en el breve tiempo de su mandato, en la construcción de instituciones que contribuyan efectivamente al bienestar de las personas.

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