Hacia una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Carlos Matute

El Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública es un espacio de reflexión concebido para el intercambio de ideas relacionadas con el gobierno, la gobernanza y la gobernabilidad democráticos, en el que se debaten temas de interés con expertos invitados en diversos programas (https://cvegp.com.mx/).

Este Centro abrió en las redes sociales un espacio de reflexión quincenal sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que este año cumple 46 años de vigencia y que ha sido reformada en 69 ocasiones desde su promulgación el 29 de diciembre de 1976.

Esta legislación inició el primer proceso de modernización de la estructura subordinada al Poder Ejecutivo en sus dos formas de administración: centralizada y paraestatal.

Desde esa fecha, se han llevado a cabo, por lo menos tres procesos modernizadores más:

a) 1982-1986, relacionado con la renovación moral, la constitucionalización del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, la emisión de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la regulación de la contratación pública,
b) 1996-1997 vinculado con el programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) y el nuevo federalismo, y
c) 2000- 2003 ligado con la transparencia, la rendición de cuentas, la profesionalización del servicio público, el sistema de evaluación del desempeño y la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El gobierno 2018-2024 optó por un modelo de centralización de la gestión pública que se reflejó en la reforma del 30 de noviembre de 2018 en la que concentró el nombramiento de los responsables de la administración y finanzas en dependencias y entidades, así como de las áreas jurídicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), respectivamente, que significó un debilitamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque se limitaron sus facultades normativas y su intervención en los procesos de consolidación de las adquisiciones.

En un cambio de estrategia, el 26 de abril de 2022, el Presidente López Obrador presentó a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la LOAPF que pretende “fortalecer la buena administración pública, mediante la concentración, en la SFP, de la coordinación y conducción de las unidades de administración y finanzas; el rediseño del funcionamiento de los órganos internos de control, y la centralización de la política general de contrataciones públicas de dicha dependencia…”

Esta corrección del rumbo en materia de organización del aparato administrativo subordinado al presidente permite señalar que la evolución de la complejidad político-jurídico-administrativa de las sociedades del siglo XXI ha provocado un cambio radical en la forma de organizar la gestión de lo público y, por lo tanto, el papel que desempeña la administración pública en la gobernabilidad de los Estados y que es necesario una revisión a fondo de los formas y principios que la rigen.

Esta iniciativa es una oportunidad para impulsar, debatir y, en su caso, llegar a un consenso sobre algo inaplazable: una nueva redacción del artículo 90 constitucional --que define a la Administración Pública Federal--, para que ésta sea congruente con la realidad organizacional vigente en el 2022 y sea el sustento de una reforma profunda de la administración pública.

¿La centralización del poder en el Ejecutivo es más efectiva en la mejora de las relaciones de confianza y eficiencia entre la administración y los administrados? ¿Los modelos descentralizadores con el respeto a las autonomías organizacionales son la mejor ruta?

Es conveniente analizar la iniciativa presentada por el presidente López Obrador con una visión mayor y aprovechar este momento para profundizar sobre la conveniencia de llevar a cabo un cambio más amplio.

Considero que es indispensable una Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ya no son suficientes reformas aisladas.

Hay que debatir este tema abiertamente bajo dos condicionantes político -jurídicas derivadas de las luchas libertarias de la humanidad y la extensión de los valores occidentales en el mundo: las administraciones públicas deben respetar, garantizar y promover los derechos humanos y la gestión pública debe buscar la democracia en su sentido más amplio, la igualdad de oportunidades para que los individuos y las colectividades aporten su creatividad en la consecución de los objetivos comunes de las sociedades.

Previo y durante a la discusión de la iniciativa de reforma mencionada en la Cámara de Diputados, hay que debatir a profundidad el modelo de administración pública para los próximos treinta años.

¿Qué es la Administración Pública y cómo debe ser ésta? es, ha sido y será el fondo del debate que no podemos aplazar más.
Debemos empezar el camino hacia una Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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