El jueves 24 de septiembre se publicó el proyecto a cargo del Ministro Aguilar Morales de la revisión de la constitucionalidad de consulta popular 1/2020, cuyo peticionario fue el Presidente de la República, que propone al Pleno de la Suprema Corte determinar que la materia de la consulta es inconstitucional. Lo previsible jurídicamente es que el voto sea a favor del proyecto.
La reacción en la mañanera fue inmediata y consistió en solicitarle a los inistros que resolvieran con apego a ley, que no se dejaran intimidar y que tomaran en cuenta el sentimiento del pueblo. El presidente expresó: “se tiene que resolver con apego a la legalidad, no necesitan leerme el artículo 35, yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos…” (El Universal, 24-09-20).
La confrontación estaba bosquejada desde la toma de posesión. La estrategia diseñada en el Palacio Nacional siempre ha conducido a orillar a los ministros a fijar su postura: a favor o en contra del Presidente López Obrador.
Entonces, a partir de la publicación del proyecto, el resto de los integrantes de la Suprema Corte, deberán decidir en qué lado de la historia están. ¿Quién se dejará intimidar? ¿Quién antepondrá el sentimiento del pueblo a la Constitución o viceversa?
Un lado de la historia es el periodo de 1982-2018 que fue un proceso de sustitución gradual de la Constitución de 1917 con orientación cardenista y se hicieron profundas reformas en: derechos humanos, juicio de amparo y organización de los poderes judiciales; estructura y atribuciones económicas del Estado; reelección de legisladores y presidentes municipales y reconocimiento de autonomías constitucionales; regímenes de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, pluralismo; democracia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; relaciones iglesia-Estado; derecho laboral y agrario, entre otros temas. En este periodo, se llevó a cabo un desmantelamiento de la institucionalidad autoritaria que sostuvo el arreglo constitucional cardenista.
La evolución y consolidación del Estado constitucional de derecho se expresa en los órganos estatales constituidos o dotados de mayor autonomía en los últimos 30 años. Hoy, los más antiguos tienen una existencia o una nueva realidad política-administrativa de más de un cuarto de siglo: El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el pluralismo partidista en el Congreso de la Unión, entre otros.
El otro lado de la historia es la 4T que representa el regreso de los actores derrotados en 1982 (por la profunda crisis que provocó el populismo) y de los desplazados por la sustitución de la institucionalidad autoritaria nacionalista revolucionaria.
En el contexto de la confrontación provocada por la disfrazada insistencia presidencial de llevar a cabo la consulta popular es pertinente preguntarnos: ¿la institucionalidad construida en los últimos años con base en el pluralismo y la democracia representativa es suficientemente sólida para soportar el embate de los actores tradicionalmente autoritarios? El voto del 2018 ¿es una mera reacción a la superficialidad y corrupción del gobierno peñista, pero se mantiene la confianza en la institucionalidad pluralista? o ¿fue la confirmación de que se ha deslegitimado la democracia representativa que opera sujetándose a límites jurídico-constitucionales, cuya principal defensora es la Suprema Corte?
Los grupos más radicales en el gobierno y sus apoyos en los partidos políticos más extremistas pretenden convertir el triunfo electoral de 2018 en un encargo, un cheque en blanco, para destruir o debilitar a las entidades públicas autónomas, restituir el país gobernado por un individuo y construir otra historia a partir del resurgimiento del tlatoani en el Palacio Nacional, dueño del destino del pueblo que lo elige y apoya incondicionalmente.
La petición de la consulta popular, a todas luces inconstitucional, es la muestra del desprecio por la legalidad de la 4T y la transformación regresiva que pretende. La petición presidencial es un retorno al pasado, un estado de cosas previo a la reforma judicial de 1994, y busca cuestionar la independencia de la Suprema Corte.
Por razones jurídicas, la consulta popular debe ser rechazada. Los argumentos del proyecto son contundentes. El lado correcto de la historia del pluralismo político, la libertad de las personas y el respeto a los derechos humanos. La promoción de la justicia social en la institucionalidad democrática. Igual que el Presidente, quedamos en espera de la decisión del Pleno. ¿Se dejarán intimidar los ministros por el oráculo de las mañaneras?
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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