El día internacional del combate a la corrupción y la marina mercante

Carlos Matute

Todo fue corrupción. Nada funcionaba. Hoy lo vamos a corregir. No somos iguales. Esas son las frases preferidas en la grilla palaciega en la 4T. Basta que se expresen con firmeza y vehemencia para obtener un cambio legislativo, la cancelación de un aeropuerto o la desaparición de una institución. El diagnóstico es implacable. Hubo malos manejos, por lo que hay que transformarlo desde la raíz.

En las vísperas del día internacional del combate a la corrupción, el pasado 9 de diciembre, sucedieron dos hechos relevantes difundidos por la prensa y abordados en la mañanera:

la difusión de un video en el que un embajador mexicano es cachado robando un libro, un error excusable, según el Presidente, y la defensa del Presidente al proyecto de reforma legislativa que militariza los puertos mexicanos y transfiere a la marina el control de los mismos, cuya discusión ya fue afortunadamente diferida.

¿Qué tienen en común estos hechos? Con la proporción guardada, la referencia a la corrupción. En el primer caso, se ve en las redes algo que indigna al ciudadano y ridiculiza al gobierno que se proclama como absolutamente diáfano. En el segundo, se utiliza como estribillo por los detractores de la marina mercante que la acusan de grandes desvíos para luego proponer su militarización.

Ambos son producto de la exageración.

La falta, que es un delito menor, del posible ex embajador mexicano en Argentina conducirá, si se comprueba su veracidad, a un deshonroso retiro y desdoro de su trayectoria profesional y política. No tiene un mayor efecto, salvo que extraña la defensa presidencial que se basa en su añeja amistad.

La absorción de la marina mercante por la Secretaría de Marina es parte de un diagnóstico equivocado que le presentaron al Presidente, pero que a éste le encanta oír. Le fueron con el borlote de que en los puertos mexicanos hay mucha corrupción y que la única forma de acabarla de tajo era militarizando una institución que en el mundo, salvo en las dictaduras, es civil.

Nadie puede alegar que es bueno que se roben libros, pero es exagerado acusar al gobierno de la 4T de que tolera la corrupción a gran escala porque suceden este tipo de acciones reprobables. En el mismo sentido, nadie puede afirmar que la administración de la marina mercante sea totalmente impoluta, pero la existencia de algunas conductas indebidas no es argumento para su militarización.

En el caso del embajador, la investigación y la intervención del Comité de Ética y, en su caso, la instauración del procedimiento de responsabilidad es una respuesta institucional suficiente y justa. El Presidente tiene razón cuando pide que no “haya linchamientos públicos”.

En el asunto de la marina mercante, la estrategia debiera ser un proceso de diagnóstico profundo, tal vez una reingeniería administrativa, auditorías profundas y, en su caso, el inicio de procedimientos de responsabilidad que es la reacción institucional adecuada y eficiente a las acusaciones de corrupción.

Lo destacable es la doble vara con que se mide. La forma en que los hechos se plantean en Palacio Nacional. El primero se lleva al escritorio del Presidente como un error excusable que cualquiera puede cometer, es una mancha tolerable en un hombre comprometido con el lado correcto de la historia. El segundo es otro efecto del pasado y la instauración del nuevo orden requiere que se destruya la marina mercante desde sus cimientos para que la corrupción desaparezca.

El libro robado de Casanova será una anécdota más de lo que le sucede a cualquier gobierno, pero la militarización de la marina mercante afectará la función de control del tráfico de barcos en los puertos, ya que está requiere una atención especializada de naturaleza comercial, más que de control y una capacitación, entrenamiento y profesionalización distintos a la disciplina militar.

El día internacional de combate a la corrupción debe servir para reflexionar que ésta es un mal mayor, pero no es la única explicación a los rezagos o insuficiencias. La respuesta represiva o radical no es el único camino para combatirla. Es necesario mejores diagnósticos y más análisis en la formulación e implementación de las estrategias administrativas de la 4T sería más fructífero. No todo se explica por la corrupción.

La flexibilidad en el enjuiciamiento no debiera limitarse a la defensa de los amigos, sino que debe matizar los diagnósticos de los radicales que basan sus proyectos de cambio en el desprestigio de las instituciones. La doble vara desgasta a cualquier gobierno y afecta su credibilidad.

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