El buen gobierno y la transparencia

Carlos Matute

Los informes presidencial y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México son actos políticos significativos, son la expresión de la rendición de cuentas del gobierno a la representación política del pueblo y la acción mínima y condición de un buen gobierno.

El buen gobierno es aquel que cumple con las expectativas de los residentes de un territorio en la medida de sus posibilidades y la disponibilidad presupuestal, que rinde resultados medibles y comprobables. La transparencia es condición indispensable para que exista, ya que ésta es, simultáneamente, garantía de vida democrática, así como de eficiencia y eficacia de la gestión pública.

El buen gobierno es un derecho humano. En abstracto, consiste en que todas las personas merecen que exista un orden jurídico que asegure el goce y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento espontáneo de las obligaciones. En concreto, se traduce en la prevalencia de bajos índices delictivos, la oportuna prestación de servicios públicos de calidad, el aumento constante del bienestar de la población, la promoción de condiciones para que haya crecimiento económico, la correcta procuración e impartición de la justicia, entre otros indicadores de desempeño gubernamental.

El requisito esencial para el buen gobierno es el manejo eficiente, eficaz, honesto y transparente de los recursos públicos en los términos del artículo 134 constitucional y las condiciones para que este exista son la profesionalización de las administraciones públicas, la gestión ordenada, la mejora continua, la disciplina y austeridad presupuestal, el trabajo comprometido, el diseño e implementación de políticas públicas con base en diagnósticos certeros, la promoción de la participación ciudadana, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, la dirección acertada y experta, la rendición de cuentas, el registro contable correcto, la evaluación permanente, entre otros.

El ambiente del buen gobierno es la transparencia de las entidades públicas y de todas aquellas personas que ejercen recursos presupuestales o realizan actos de autoridad cualquiera que sea su naturaleza (sujetos obligados al acceso a la información pública en los tres órdenes de gobierno). No basta la rendición de cuentas, es necesario un paso más allá, que favorezca la coordinación de acciones y el aprovechamiento de economías de escala, capacidad instalada o infraestructura compartida para mejorar el desempeño tanto en las atribuciones de autoridad como aquellas de servicio público, desarrollo y fomento económicos y supervisión de la gestión privada.

Entonces, el derecho al buen gobierno se divide en tres: un orden jurídico justo, una administración pública eficiente y un sector público transparente. Las personas tienen derecho a exigirlo por diversas vías y hay agentes estatales determinados para hacerlo valer.

El orden jurídico justo tiene como fundamento básico el equilibrio en el ejercicio de los poderes estatales tradicionales: el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que implica el respeto a la autonomía de cada uno de ellos y la combinación adecuada entre representación política mayoritaria y minoritaria, así como los límites objetivos e imparciales al poder social en los medios de defensa a disposición de las personas (juicio de amparo) y las instituciones (acción y controversia constitucionales).

Una administración pública eficiente se logra con los procesos de modernización y profesionalización de los aparatos al servicio de los poderes y los órganos constitucionales autónomos y las entidades públicas de control como son los tribunales administrativos, los órganos fiscalizadores y los sistemas de control interno que giran en torno al sistema nacional anticorrupción y las plataformas digitales vinculadas con éste.
Un sector público transparente se conforma con la constante mejora administrativa de los sujetos obligados que es el sustento de una información publica de calidad y confiable, con la acción efectiva de los órganos garantes con autonomía constitucional, con el levantamiento, registro, administración y difusión de información estadística, geográfica, financiera, económica y de evaluación de las políticas sociales a cargo de entidades autónomas, técnicas y especializadas, así como con la adopción de políticas públicas con ADN que contribuyen a la apertura y la transparencia como son los testigos sociales, el apoyo a los observatorios ciudadanos, la integración ciudadana en los órganos del Estado en materia como combate a la corrupción, las políticas transversales de género e inclusión de grupos discriminados, el parlamento abierto, lo oralidad en los juicios y la deliberación abierta de los órganos jurisdiccionales, entre otros.

Buen gobierno es el modelo y transparencia el ambiente para potencializar las libertades y la democracia. La rendición de cuentas de avances en los medios como la austeridad o el ahorro presupuestal permite inferir que se va por un camino correcto, pero por sí solo no garantizan el cumplimiento con las expectativas de las personas residentes en un territorio. Los resultados son los que efectivamente hacen la diferencia entre un gobierno y otro. Medir, evaluar y transparentar es el único camino. Tal vez lento, pero seguro. Los atajos conducen a grandes crisis y profundización de los rezagos.

 

Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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