De la gobernanza al gobierno. La reforma energética

La iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados en materia energética es un regreso para buscar la gobernabilidad con la verticalidad propia de la burocracia weberiana y abandonar la gobernanza como estrategia de la democracia pluralista de incorporar la participación ciudadana, la transparencia y el respeto a los intereses minoritarios en el ejercicio del poder.

La propaganda del gobierno destaca que la reforma pretende recuperar el control de la energía eléctrica para el pueblo representado mayoritariamente por el titular del ejecutivo en una renovación del presidencialismo autoritario, que para el ejercicio del poder requiere de disponer de recursos económicos ajenos a los controles de entidades con autonomía constitucional.

El propósito manifiesto es ampliar el alcance del concepto de estrategia, lo que significa que el gobierno y sus entidades subordinadas, recuperan o asumen la exclusividad con prohibición de la participación directa de los particulares de la transformación energética del país y el sector eléctrico, reconstituyendo el monopolio (único vendedor) y monopsonio (único comprador) que determina quien puede o no participar en el mercado.

El régimen político pluralista, que es el ambiente idóneo para el desarrollo de la democracia y la generación de esquemas de inclusión y superación de la desigualdad social , se sustenta en la existencia autonomías constitucionales que colaboran y se oponen entre sí para obtener la solución objetiva más adecuada. El fin es el mayor bienestar social o individual. La mejor práctica internacional en la globalidad es la gobernanza que implica la distinción y distribución de funciones entre órganos autónomos que se complementen.

La coordinación y la horizontalidad administrativa son un esquema que genera certeza. Los agentes gubernamentales (Presidencia y SENER ) con sus atribuciones políticas-directivas, las entidades semi-gubernamentales ( CFE y sus filiales) con la responsabilidad de aumentar la productividad y eficiencia en un mercado abierto, las agentes reguladores que son dependencias (comisiones reguladoras) y entidades ( CENACE ) con las facultades de supervisión para establecer los equilibrios de una competencia orientada al consumidor y a las energías limpias y los particulares aportando la inversión y asumiendo el riesgo correspondiente con la expectativa de obtener una utilidad razonable y proporcional.

En contraste, el modelo gobiernista concentra las decisiones discrecionales en el presidente y el titular un organismo del Estado, sin controles institucionales que gocen de autonomía constitucional , ni garantías un nombramiento de plazo fijo que contribuyan objetividad y profesionalismo. El esquema que gira en torno a un actor central abre la posibilidad a la arbitrariedad en el manejo de un mercado complejo que afecte su crecimiento y contención de costos.

En este sentido, en la reforma se propone transitar de la gobernanza al gobierno con la eliminación de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que son un estorbo, desde la perspectiva barttletiana y de Rocío Nahle , que acusan, sin pruebas sólidas y hechos circunstanciales, a todos los participantes no gubernamentales de los pecados de corrupción más terribles imaginables, quienes deben hacer su propia defensa.

Los artículos transitorios del proyecto de reforma preocupan. En estos se propone la desaparición, las relacionadas con el sector energético, no sólo el eléctrico, de las comisiones con autonomía, personalidad jurídica y la garantía de objetividad que implica el nombramiento del Senado, por lo que también se propone eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Además, las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas para usuarios finales se concentrarían en la CFE y se eliminarían sus filiales. Esto consolida el gobiernismo.

La eficiencia y eficacia de un mercado se logra con una combinación adecuada de competencia y supervisión estatal con una multiplicidad de actores gubernamentales, semi-gubernamentales y no gubernamentales.

La ruta no parece la mejor para recuperar el control de lo que no está funcionando en beneficio de los consumidores. Es necesario hacer correcciones, pero no abandonar la gobernanza energética y sustituirla por el gobierno determinando todo. Las autonomías públicas y los particulares fuera del esquema. Esto puede ser un retroceso. Esperemos como se alinean las fuerzas políticas .