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Corresponsabilidad: Vía para el combate a la corrupción

Carlos Matute

En la Semana Internacional contra la Corrupción (SICC 2020), que se llevó a cabo en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 2020, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Cruz Lesbros, y la embajadora de la Gran Bretaña en México, Corin Robertson, destacaron la corresponsabilidad de los órganos del Estado y la sociedad en la prevención y detección de las desviaciones en el manejo de los recursos públicos y del cumplimiento normativo de las entidades públicas.

Esta semana, organizada por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la USAID, la UNDOC, el PNUD, la UNAM, el ANUIES, la CONCAMIN, observatorios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con el combate a la corrupción, fue un foro para la reflexión sobre el avance en la institucionalización de las tareas en esta materia, un recuento de los logros y un reconocimiento de lo pendiente y los rezagos.

El triunfalismo gubernamental contrastó con la mesura del resto de los participantes. Es innegable que hay una mejor percepción social respecto a las acciones anticorrupción por los golpes mediáticos relacionados con el estafa maestra y el caso de Odebrecht y la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en el congelamiento de cuentas como medidas cautelares ante la posibilidad de la existencia de lavado de dinero, pero los mecanismos de prevención y detección todavía no son suficientes, como queda demostrado con la persistencia de denuncias de desvíos de recursos por las carencias de controles administrativos.

Los convocantes y los invitados a los foros expusieron con claridad los efectos benéficos de la coordinación de acciones en las tres instancias de gobierno, la indispensabilidad de la participación ciudadana y la importancia de continuar con los procesos de profesionalización de las organizaciones públicas y quienes son los responsables de la fiscalización del buen uso de los recursos presupuestales y del desempeño de las entidades estatales.

Las visiones externas -aportadas por la embajadora del Reino Unido y los funcionarios de la ONU- son alentadoras y hay que señalar que destacaron el acierto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que abrió un espacio permanente a la necesaria corresponsabilidad en esta materia, que debe derivar en la creación y consolidación de plataformas digitales. La interoperabilidad de los sistemas de información es la mejor vía para la prevención y detección de los actos de corrupción.

La mayoría de los participantes en las mesas redondas destacó que los logros y los rezagos son compartidos. No se pueden atribuir a una persona o un gobierno. La perseverancia institucional debe ser la vía para superar uno de los grandes reclamos sociales y lastres del desarrollo equilibrado y justo. La apuesta es al trabajo conjunto con el reparto correcto de reconocimientos y culpas en el que un factor primordial es la participación ciudadana y social.

No hay combate a la corrupción en el adanismo, actitud propia de quien considera que todo estuvo mal hasta que él llegó a dirigir las instituciones, porque rompe alianzas organizacionales y genera nuevas complicidades. Tampoco, hay avances en la prevención -que es la forma más eficiente de evitar el desvío de recursos- si se provoca un ambiente de persecución a los operadores jurídicos y administrativos de las entidades públicas.

Lo destacable de esta semana de reflexión es que hay optimismo de que es posible avanzar si se asume el principio de corresponsabilidad en la estrategia del combate a la corrupción. Esta actitud positiva se funda en que en cuatro años se ha logrado integrar los sistemas locales anticorrupción y de fiscalización, aunque todavía hay estados que no asumen el compromiso con la sociedad a cabalidad. Hay una red de entidades federales, locales y municipales dispuestas a mejorar y las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a colaborar.

En la medida que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, asuma su posición de eje impulsor -el primero entre los iguales- respete la autonomía de los participantes en el Sistema Nacional Anticorrupción y articule las políticas públicas de mejora de la gestión pública y el combate a la corrupción bajo el principio de la corresponsabilidad se dará el paso del modelo de persecución mediática del adversario de ocasión o del chivo expiatorio a la institucionalización de la prevención, detección y sanción oportuna de las responsabilidades administrativas.

Hay que abandonar las prácticas pirotécnicas de la política anticorrupción. Hace seis años el señalado por actos de corrupción era Marcelo Ebrard por la línea 12 del metro acusado por Mancera, quien hoy es el perseguido. Los papeles cambian. La mejor forma de evitar la impunidad es la prevención de la desviación con base en la mejora administrativa, la profesionalización y la participación ciudadana.
 

Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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