Acostumbrado a dictar cualquier orden sin hacer análisis alguno ni pedir un consejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se irá de Palacio Nacional sin haber apreciado la capacidad de muchos servidores públicos que trabajan en las instituciones del Estado mexicano.

Los hay muy capaces, tanto en los tres poderes de gobierno como en los tres niveles (federal, estatal y municipal). Destacan en particular quienes pertenecen a los órganos constitucionalmente autónomos, debido a que la estabilidad en su empleo les permite especializarse mejor. En el caso del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, quienes conforman los órganos públicos locales del INE son muy eficientes y neutrales. Quizás fue por eso que López Obrador trató de desaparecer a toda costa esos órganos electorales en el 2022.

Dicha capacidad de los funcionarios públicos abunda también en los autónomos más pequeños: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Los tres están, por desgracia, en la mira de López Obrador y es probable que en el día de la Constitución, el próximo 5 de febrero, éste enviará al Congreso una iniciativa para tratar de llevarlos a la guillotina.

La buena noticia es que ya no tiene los votos necesarios para mandar al paredón a nadie más. No obstante, su iniciativa electorera buscará manchar la reputación de esos tres organismos. En el caso del Inai va a fracasar, pues la mayoría de los mexicanos si algo rechazan ahora es la falta de transparencia gubernamental. Pero el desconocimiento público del valioso papel que juegan la Cofece y el Ifetel amerita unas líneas en su defensa.

La Cofece se encarga de regular entre las empresas la libre competencia, así como su libre concurrencia. Pone particular atención al caso de mercados en donde hay una o unas cuantas empresas dominantes, porque el poder de mercado siempre acaba por reflejarse en una alza innecesaria de los precios de los bienes.

La regulación de la Comisión Federal de Electricidad fue lo que sacó de sus casillas a López Obrador, quien nunca se ha enterado que la Constitución sólo le concede poder monopólico a la CFE en el caso de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, pero no en su generación. Al analizar ese caso, la Cofece sólo está cumpliendo con lo que le obliga la ley.

El Ifetel juega el mismo papel regulador, pero sólo en el sector de las telecomunicaciones. Se tuvo que crear ex profeso este organismo debido al enorme poder económico de las pocas empresas en ese sector. El caso de las televisoras fue emblemático, aunque ahora el surgimiento de otros medios digitales ha cambiado el panorama.

En la provisión de servicios de telefonía e internet sigue habiendo una sola empresa dominante. Esto se traduce en precios altos y baja calidad de los servicios en comparación con lo que sucede en otros países. Un solo ejemplo bastará para aquilatar la importancia de su regulación: hasta antes de 2015 había un gran número de claves de larga distancia en México, en detrimento de los estados más pobres. Mientras que en la Ciudad de México había una sola área de servicio local, en Chiapas había 16 diferentes.

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