Los jornaleros agrícolas constituyen sin duda la clase más explotada del campo mexicano, apuntaba Luisa Paré, investigadora de la UNAM en un trabajo académico que se convirtió en un referente indispensable: El proletariado agrícola en México: ¿campesinos sin tierra o proletarios agrícolas?, Siglo XXI editores, 1977.
Paré recogió dos experiencias: en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, zona que produce principalmente alfalfa y jitomate, y en la zona cañera de Atencingo, Puebla.
Avancemos el calendario medio siglo. Al inicio de la pandemia Covid-19, el gobierno de Estados Unidos etiquetó a los jornaleros agrícolas mexicanos como trabajadores esenciales. Lo de esenciales es un código para establecer que no deberán ser deportados aun si son indocumentados. Sus manos levantan las cosechas de los alimentos que van a dar a la mesa de las familias estadounidenses.
Con todo, su característica de esenciales no les otorga todos los derechos laborales ni de previsión social. Históricamente, la economía estadounidense ha florecido con base en la disponibilidad de mano de obra barata: antes de los esclavos negros, hoy de los jornaleros mexicanos y centroamericanos.
“Los necesitamos, pero no los queremos” es una frase que escuchan de manera recurrente los jornaleros. Son imprescindibles porque son insustituibles. Nadie puede reemplazarlos en las jornadas de doce o más horas en el surco y bajo el sol, con la espalda molida por estar en cuclillas y agachados, pero deben desaparecer tras su jornada laboral, volverse invisibles.
Los empleadores han intentado sustituirlos temporalmente con jóvenes egresados de la preparatoria, en plena fortaleza física. No ha funcionado, porque el salario resulta miserable a los jóvenes escolares, quienes además no aguantan el fragor de las labores agrícolas.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020, consagra el capítulo 23 a los derechos laborales, incluyendo los derechos de los trabajadores migratorios. Los cónsules mexicanos en EU y Canadá tienen la tarea de detectar violaciones a los derechos laborales de nuestros compatriotas migrantes.
Hasta hoy, sin embargo, se observa mayor dinamismo de legisladores estadounidenses y de agregados laborales de su Embajada en México, quienes verifican in situ el cumplimiento de los derechos laborales de los mexicanos en México, a decir de algunos más como argucia proteccionista que como genuina reivindicación.
En México hay más de 2 millones de personas jornaleras agrícolas que con sus familias suman 8 millones, incluyendo a los niños que en los hechos son privados de su derecho al estudio. Sólo 6% tienen contrato laboral. Un 83.3% percibe entre uno y dos salarios mínimos.
Un grupo de organismos civiles ha lanzado la iniciativa https://campojusto.mx/ para defender los derechos de las personas jornaleras agrícolas a un salario remunerador, a la protección de su salud y su seguridad. Destaca el trabajo de @FundarMexico (https://bit.ly/37CTB6V). La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación https://twitter.com/conapred propone a la @Conasami y @STPS_mx un salario profesional de 300 pesos al día para las personas jornaleras agrícolas.
Lo invito a sumarse hoy a la campaña #SalarioDignoYa.
Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico