#AsaltoAlCIDE

Carlos Heredia Zubieta

¿Por qué imitan el camino de gobiernos autoritarios contra el pensamiento crítico?

Continúa el proceso ilegal de desmantelamiento y destrucción del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Como resultado de su equívoca gestión, María Elena Álvarez Buylla, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, ha generado problemas donde no existían. Llevó a cabo de manera irregular la designación del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, quien a su vez no ha sustentado legalmente las designaciones de sus colaboradores inmediatos.

 

Hoy viernes 14 de enero de 2022 pretende consumar un asalto autoritario al CIDE para colonizarlo y silenciar a su comunidad académica. Pretende hacer cómplices de su obstinación a la Asamblea de Asociados, integrada por Conacyt, El Colegio de México, Banco de México, Fondo de Cultura Económica, y las secretarías de Economía, Educación, Energía, y Hacienda.

Entre los cambios para eliminar y desarticular la vida colegiada del CIDE destacan estos tres por aberrantes:

a) Reformar el proceso de designación de la Dirección General para que el Consejo Directivo del CIDE solo “tome conocimiento” en vez de votar para formalizarlo. Aquí se pretende reformar el estatuto, violando el propio estatuto, dado que no se dio a conocer al Consejo Académico ni al Consejo Directivo del CIDE esta iniciativa de reforma.

b) Reformar los requisitos para ocupar la Secretaría Académica del CIDE, para que ésta pueda ser ocupada por académicos externos al CIDE. El Estatuto vigente exige haber trabajado durante los últimos dos años en la institución para ser secretario académico.

c) Remover las facultades de toma de decisión del Consejo Académico —máximo órgano interno de decisión del CIDE—, tales como aprobar estatutos, reglamentos, programas docentes y apelaciones, para que solo pueda “conocer y opinar” sobre las actividades esenciales de este.

El artículo segundo transitorio remata la intentona autoritaria: ‘Se abrogan todas aquellas disposiciones administrativas emitidas por el CIDE, que se opongan al presente Estatuto’.

Todo esto ocurre mientras no se ha votado la Ley de Ciencia y Tecnología, que regula la operación del Conacyt y de los centros públicos de investigación. Hay un anteproyecto de reforma de dicha ley altamente centralizador, presentado por el Conacyt, y asimismo una contrapropuesta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Finalmente, planteo algunas preguntas para la titular de Conacyt:

1. ¿Por qué se empecina en imitar el camino de gobiernos autoritarios contra el pensamiento crítico?

2. ¿Por qué pretende modificar la normatividad violando los procedimientos, y para conseguir objetivos ilegítimos?

3. ¿Por qué utiliza su cargo para proseguir rencillas personales, como las que de manera unilateral e infundada sostiene contra exdirectores generales del CIDE y de Conacyt, y contra extitulares del Foro Científico y Tecnológico?

4. ¿Por qué quiere convertir a los centros públicos de investigación (CPI) en meros protectorados del Conacyt, anulando su capacidad para tomar decisiones, defender y representar a su comunidad académica?; y finalmente,

5. ¿Por qué le genera problemas al Presidente de la República, con su total cerrazón?

Esto no se acaba aquí. Se están gestando alianzas estudiantiles, universitarias y ciudadanas que rebasan el ámbito académico y que apuntan a lo esencial: la salud política y democrática de nuestro país.

 

Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico

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