Todo proceso de construcción de paz atraviesa por el diálogo, por la verdad, por la justicia, la memoria y por garantizar la no repetición del hecho. Si estas características se asumen en la búsqueda de la paz actualmente, entonces podríamos pensar que la guerra de Calderón no se implementa en la época de López Obrador.
Sin embargo, en mi experiencia de trabajo en torno a la violencia criminal he encontrado una constante en la que a veces no reparamos: los grupos de delincuencia organizada (DO) establecen un diálogo permanente, a través de rigurosos mecanismos, de acuerdo paraestatal y paramilitar en todo el territorio nacional.
“¿Qué es lo que están organizando aquí?” -dice un hombre armado al llegar a un nuevo negocio; “¿qué actividades realizarán en este lugar?” -pregunta directamente un grupo de sicarios; “¿quién les dio permiso de operar?” -pregunta y reclaman a los dueños de un nuevo lugar de ayuda a niñas y niños. “¿Quién es su hijo, ¿cómo se llamaba, tiene usted una foto?” -pregunta un integrante del cártel en una cárcel que tiene como destinataria una madre que busca a su hijo. “Tienen nuestro permiso para trabajar con los niños, solo no mencionen nada de las drogas”. Afirmación puntual y concreta a un centro de entrenamiento de artes marciales. “Las despensas son de parte del cártel, nosotros sí les damos apoyos”. Frases recurrentes de todos los cárteles que entregan despensas. “Si usted vuelve a golpear a su mujer y sus hijos lo vamos a ejecutar”, frase que trasmite un sicario al mismo tiempo de castigar “tablear” y “hacer justicia” a una mujer violentada por su esposo.
Derivado de este tipo de preguntas y afirmaciones, podemos observar que, en diversos momentos y en diversas dimensiones, los protagonistas de la violencia como victimarios o como víctimas de la delincuencia organizada, sostienen un diálogo que al final genera utilidades multimillonarias para la triada mafiosa EMPRESARIOS-POLITICOS-CRIMINALES.
¿Cuántas formas distintas de diálogo para transformar conflictos conocemos? Al menos alcanzo a identificar tres: el dialogo simétrico, donde cada parte tiene el poder de decidir “si” o decidir “no”; el diálogo asimétrico, donde una parte afirma saber lo que el otro está pensando y a partir de supuestos ejerce poder, control y violencia; y, por último, el diálogo con asimetrías, donde actores externos al conflicto intentan construir simetría entre los dialogantes, a través de un proceso de construcción de paz y/o justicia transicional, hoy olvidada en México.
Dichos diálogos son una construcción del poder civil alterno, que día con día se afianza a partir de las debilidades del Estado. Sin embargo, en la terrible debilidad del Estado mexicano, son núcleos de ciudadanos conscientes y/o de grupos de víctimas los que tienen que dialogar con la DO en procesos asimétricos de control, poder, violencia y que dialogan por el sometimiento. El diálogo también existe con el Estado mexicano pero por lograr pequeñas “reivindicaciones”, en lugar de establecer las reglas de un diálogo por la transformación positiva del conflicto armado que vive México.
En espacios distintos, pero en los mismos tiempos, las ciudadanas y los ciudadanos dialogan con las instituciones del Estado mexicano, y aunque pensamos que es un diálogo simétrico, termina siendo un dialogo asimétrico similar al que establecen con la delincuencia organizada: hay tramos administrativos que impiden pensar que puede existir un “sistema de quejas, transparencia y sanción”, y sin embargo lo que es distinto en el lado criminal es que la sanción regularmente es la muerte.
De dicho diálogo se desprenden diversas necesidades que el “proceso democrático” no resuelve: las personas que quieren dialogar con el Poder Judicial encuentran una obstrucción; de dichos diálogos se desprende como ejemplo la burla de una juez en el Estado de Morelos cuando un niño de 10 años denuncia violencia sexual del padre. El poder judicial no resuelve y así abre la puerta giratoria que padecen las víctimas.
De los diálogos con el ejecutivo y las necesidades económicas de la población, particularmente la de tener una entrada económica permanente para enfrentar la pandemia, se desprende la falta de previsión para imaginar responsablemente, desde la izquierda, modelos de economías sociales que apuntalen lo que hoy se niega: “la renta básica”.
Y desde otro lado, el diálogo con policías, donde la atención de la violencia en los hogares pasa desde la negación de su existencia desde el poder ejecutivo, el abandono de policías municipales para poder atender a quienes piden ayuda en la emergencia, y hasta por la indefinición de jefes policiacos para defender a sus elementos, por ejemplo, cuando entran a una vivienda en donde encuentran actividades delictivas en flagrancia.
Dialogar con el Estado es la generación de confianza en el régimen, es de esta forma cómo se reconoce el pacto social que sostiene al México moderno, sin embargo, en la medida que el crimen da soluciones a los grupos de población más vulnerables el poder criminal sustituye al poder político.
De las descripciones anteriores podemos afirmar que las comunidades en sus contextos locales y sus habitantes forman parte del conflicto que vive México, que el diálogo con el Estado y con la DO está en función de resolver las necesidades de las personas; que sostener este diálogo implica desafíos extremos, así como que la población civil ya construyó puentes con los grupos de DO derivado de la ausencia del Estado y que la posibilidad de influenciar a Estado y DO solo será posible con una acción social creativa, que permita tejer redes de diálogo y se permita visibilizar con el paso del tiempo la necesidad de transformar al Estado y recuperar el papel rector que hoy ha perdido. Al final el Estado y la DO son dos factores indispensables del diálogo para abrirle camino a la paz, pues por el bien de todos alto al fuego y sí a un proceso de diálogo.
