Luego de que la iniciativa de Reforma Electoral constitucional de la presidenta de la República (Plan A) no alcanzara la votación suficiente en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue presentada en el Senado una iniciativa en la materia conocida ahora como Plan B.
De su análisis resultan aspectos que son necesarios puntualizar con el único objetivo de que las elecciones federales y locales de 2027 se desarrollen con certeza, transparencia, equidad, igualdad y seguridad.
El Plan B en materia electoral plantea la posibilidad de empatar con las elecciones federales y locales (elecciones políticas) registradas para 2027 con un ejercicio de Revocación de Mandato y las elecciones judiciales; de esta última no existe referencia alguna en la iniciativa presentada. Ambos ejercicios implicarían múltiples complejidades en materia de organización y desarrollo de estos procesos electivos para el Instituto Nacional Electoral (INE), tales como las proyecciones presupuestales respectivas, la instalación y capacitación de dos estructuras independientes para recibir y contabilizar los votos; integración de listados nominales de personas electoras diferenciadas; definición de criterios para la emisión del voto; esquemas de fiscalización distintos para garantizar la equidad, entre muchas más.
El Plan B también hace diversas consideraciones que, a mi juicio, no podrían ser de nueva cuenta incorporadas en esta propuesta. Por ejemplo, se hace referencia a un ajuste presupuestal y a un tope en las remuneraciones del funcionariado electoral, sin embargo, el artículo 72, inciso g) de la Constitución establece claramente que “Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del mismo año”, situación que se presentó con el Plan A.
El Plan B no considera diversos aspectos muy importantes para la equidad, transparencia, rendición de cuentas, igualdad, fortalecimiento de derechos políticos y electorales, entre otros. Esta propuesta dejó de lado la inclusión en la normativa de acciones afirmativas, es decir, medidas que el INE, con el respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han ido encaminando para lograr la representación política de grupos históricamente discriminados.
No se incluyó ninguna consideración sobre el voto electrónico en territorio nacional a pesar de las propuestas y pronunciamientos presentados no solo por diversas consejerías del INE, también por diversos especialistas en la materia.
Con el objetivo de contar con un auténtico esquema de fiscalización que garantice plena transparencia y rendición de cuentas no se consideraron diversos aspectos, destacando, entre otros, incorporar en la legislación electoral la facultad al INE para utilizar Inteligencia Artificial y diversas tecnologías, para procesar grandes volúmenes de información, detección de riesgos, anomalías financieras, auditar recursos; colaboración obligada y oportuna con instancias como el SAT, la UIF, la CNBV, la FGR, la interoperabilidad entre la Unidad Técnica de Fiscalización y las autoridades del sistema financiero, entre otras, así establecer sanciones que inhiban la comisión de irregularidades, etcétera.
El Plan B no fortalece la igualdad sustantiva ni establece la alternancia en las dirigencias partidistas y las presidencias municipales. Tampoco incorpora medidas para combatir de manera eficiente la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La autonomía institucional debe estar salvaguardada con una garantía presupuestal al INE que sirviera de base para que, sin contratiempos, pudiera desarrollar cada una de las atribuciones que tiene conferidas.
El Plan B debió incorporar propuestas relacionadas con la intervención del crimen organizado en elecciones, por ejemplo, decretar la nulidad de la elección en este supuesto.
Estos son algunos elementos que pudieran haber fortalecido el llamado Plan B y que, esperamos el Legislativo pueda considerar para robustecer nuestro sistema democrático. Estaremos atentas para, en su caso, atender cualquier reunión a la que se nos convoque.
Consejera electoral del INE