Para que una democracia se fortalezca con la participación de las y los ciudadanos, es necesario que se materialicen diversas condiciones determinadas en la Constitución y en las leyes.
En México, tanto la Constitución como la legislación electoral establece como uno de los aspectos más importantes que el sistema político le otorga a la ciudadanía, su derecho a emitir su voto por la fuerza política o persona candidata de su preferencia.
Nuestra normatividad dispone que, para ello, el voto debe ser secreto, intransferible, libre, universal y en condiciones de seguridad, paz y equidad.
No obstante, existe un tema por demás relevante que de presentarse en las elecciones impide el ejercicio libre y democrático de los procesos electorales: la intromisión del crimen organizado.
Algunos antecedentes refieren, por ejemplo, diversas agresiones a políticos ya sea en funciones o registradas en alguna candidatura que, de acuerdo con IFES, en la elección de 2018 (periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de mayo de 2018) se habían registrado 93 personas candidatas asesinadas.
En la elección de 2021, de acuerdo con el Reporte de Integralia (Crimen Organizado y el Proceso Electoral), hace referencia a “239 incidentes de violencia que dejaron 179 víctimas mortales…”.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas sentencias que dejan ver la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. En Michoacán, por ejemplo, en 2021 analizó esta presunta intervención y, aunque no anuló la elección sí determinó que las elecciones se desarrollaron en un contexto de violencia y, conforme a su resolución el INE estableció un protocolo para prevenir la participación del crimen organizado.
Hay otros casos que están documentados tanto por el INE como por el Tribunal Electoral en otros procesos electorales que violentan los principios democráticos para el libre ejercicio del sufragio ciudadano; voto que representa la decisión soberana de las y los electores respecto al rumbo de nación que desean.
Por ello, considero que, en el marco de la discusión de los temas que integrarán la Reforma Electoral, deben considerarse medidas que eviten la injerencia del crimen organizado en elecciones.
De entrada, considero que son los partidos políticos quienes deben asumir en primera instancia la responsabilidad de revisar sus candidaturas para evitar que alguna persona candidata tenga vínculos con organizaciones delictivas; deben existir modificaciones importantes en la legislación electoral que incluso, si las autoridades electorales así lo acreditan, pueda declararse la nulidad de una elección por la acreditación de ingresos relacionados con el crimen organizado, con el lavado de dinero o bien, con la triangulación de recursos u operaciones simuladas de distintas empresas.
Asimismo, el Legislador debe fortalecer la fiscalización electoral que lleva a cabo el INE dotándolo de herramientas eficaces para que pueda establecerse un sistema sancionatorio vinculante por diversas irregularidades; que pueda permitirse la revisión a terceros implicados aún y cuando no estén directamente vinculados a alguna candidatura; debe establecerse la cooperación obligatoria y oportuna, con sanciones expresas ante incumplimientos de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, entre otras; el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, minería de datos y modelos de riesgos, entre las principales.
La intromisión del crimen organizado en elecciones solo gangrena nuestra democracia, no permite el libre ejercicio del voto en algunas regiones y genera baja afluencia de personas electoras en detrimento de una auténtica participación ciudadana.
Aquí dejo una serie de propuestas en el marco de la reforma electoral, con la única finalidad de fortalecer el voto de las y los ciudadanos y nuestro sistema democrático.
Consejera Electoral del INE