Un elemento fundamental en una elección lo constituyen todas las herramientas e instrumentos que puedan coadyuvar a fortalecer la norma electoral que propicien la equidad en la contienda y más, tratándose del proceso electoral más grande y más complejo que haya tenido nuestro país.
Más de 20 mil cargos de elección popular estarán en disputa este 6 de junio y, por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá cumplir eficazmente con su función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, velando por que los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, entre otras, se cumplan a cabalidad.
En este sentido, una de las atribuciones que ostenta el INE es la de revisar el origen y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos, precandidatos y precandidatas, en su caso coaliciones, así como las candidatas y candidatos que participen tanto en los periodos de precampaña como de campaña, así como durante el correspondiente ejercicio ordinario.
En este proceso denominado de revisión, conocido como la fiscalización de los recursos de los partidos y candidaturas, el INE asegura que el origen, monto y destino de los recursos que tanto en dinero como en especie utilizan todos los actores políticos involucrados en la contienda electoral provenga de las fuentes permitidas por la normatividad, así como que los mismos se realicen a través del sistema bancario mexicano, y no rebasen los topes de gastos de campaña, y que su aplicación sea para los fines establecidos en la ley.
Para ello, el INE en uso de sus facultades, puede requerir información a personas físicas y morales, públicas o privadas, sobre operaciones celebradas con partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas (incluyendo las candidaturas independientes), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como al Servicio de Administración Tributaria para conocer, entre otras cosas, el origen, montos y destino de los recursos de los partidos políticos, así como las empresas fechada, factureras y sus operaciones.
En este último caso, vale la pena referir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda, cuya función es la realización de análisis de inteligencia para prevenir y detectar operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero o bien, al financiamiento al terrorismo.
Es por esto que el INE, para mejor proveer y cumplir con sus funciones, debe fortalecer y dar continuidad de la colaboración que tiene con la UIF para que, entre otros aspectos, dicha instancia pueda proporcionarle al INE productos de inteligencia que le permitan sustanciar de mejor manera los procedimientos especiales sancionadores contra las instancias que hayan realizado actos contrarios a las disposiciones legales, o bien, para conocer la capacidad económica de las personas que hayan cometido violencia política en razón de género.
Intensificar la cooperación con la UIF podría traerle al INE garantías para contar con mayores elementos para sustanciar diversas conductas contrarias a la normativa electoral tales como la violencia política contra las mujeres en razón de género, violaciones en torno a las conductas que pudieran acreditarse por parte de partidos y actores políticos respecto al mal uso de los tiempos de radio y televisión, o bien, acciones que contravengan las disposiciones en materia de propaganda política o electoral, así como todas aquellas que permitan a la autoridad electoral la correcta revisión de las acciones realizadas por partidos, coaliciones, candidatas y candidatos en el transcurso de las precampañas y las campañas electorales.
Estoy segura que la colaboración entre ambas instituciones no solo fortalecerá la rendición de cuentas, sino podrá lograr una elección más equitativa e igualitaria para todos y todas las participantes en beneficio de la población y nuestra democracia.
Consejera del INE.
