El pasado 26 de febrero se presentó el proyecto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que fue aprobada la Ruta para la implementación en 2026, de la Estrategia para Prevención y Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género para el periodo 2026-2027.
Esta Ruta constituye un instrumento basado en objetivos y acciones medibles para prevenir y atender este cáncer que se ha incrustado en nuestra sociedad como un fenómeno que irrumpe la paridad de género, igualdad, la equidad y la adecuada participación política de las mujeres libre de violencia.
En este sentido, la Ruta establece una serie de fases; una de ellas está referida al fortalecimiento institucional, es decir, el INE debe actualizar diagnósticos, armonizar instrumentos normativos para poder establecer criterios adecuados y actualizados a la realidad prevaleciente, alcances y repercusiones de la violencia de género. La intención es clara, marcar una ruta para prevenir y atender esta violencia.
Otra importante fase es la instrumentación de acciones preventivas dirigidas, entre otras instancias, a los actores políticos que participan en el proceso de renovación del poder público para generar conciencia de las terribles repercusiones y consecuencias de violencia de género. Acciones adicionales será el monitoreo en tiempo real de las alertas de violencia de género con la colaboración de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Al respecto, en dicha sesión del Consejo General del INE, manifesté mi voto a favor, no obstante, hice patente mi preocupación sobre la efectividad de la acción institucional para prevenir y atender la violencia de género, ya que las cinco líneas de acción establecidas en la Ruta, ninguna cuenta con un presupuesto asignado para su ejecución.
Diseñar, aprobar y publicar el modelo de atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y elaborar el protocolo de atención integra, entre otras, actividades necesarias e imprescindibles para la atención jurídica de la violencia de género. Así que, si estas acciones no cuentan con financiamiento oportuno, corremos el riesgo de no brindar una plena atención a las mujeres que sufran violencia de género en especial, en el proceso electoral 2026-2027.
En este contexto y en atención a nuestras obligaciones constitucionales, estándares internacionales y con el objetivo de garantizar el principio de progresividad de los derechos políticos y electorales de las mujeres, exhorté a la Secretaría Ejecutiva del INE para que informara en su oportunidad, las economías disponibles, con el objetivo de que se destinen recursos suficientes para los proyectos contemplados en la Ruta referida para la atención y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La asignación oportuna de recursos presupuestales para este fin no es un gasto, es una inversión con impactos directos en la calidad en nuestra democracia y en la integridad de los procesos electorales federales y locales que se registran a lo largo y ancho del país.
Consejera Electoral del INE