La Organización de las Naciones Unidas ha considerado que el Día Internacional de las Mujeres debe ser un momento para reflexionar sobre los avances logrados por alcanzar la plena garantía y ejercicio de sus derechos, así como los retos pendientes para alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

En México, contamos con importantes avances constitucionales, normativos e institucionales que han ido abriendo brecha a una estructura patriarcal que ha imperado por décadas, lo que ha implicado que la lucha de las mujeres por lograr la posición que merecen ha sido múltiple, es decir, desde generar consciencia y visibilidad de su existencia, de su necesaria participación social y política, hasta el reclamo justificado de que la desigualdad en un estado democrático representa un ancla al desarrollo pleno de una sociedad y de un país que forma parte de diversos tratados y convenciones internacionales que lo obligan a garantizar todos los derechos de las mujeres en condiciones libres de violencia.

Largo ha sido el camino que como mujeres hemos tenido que recorrer por alcanzar nuestros derechos, que en materia político electoral tuvo su incipiente arranque en 1953 mediante una reforma constitucional en la se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas a cargos de elección popular.

Es hasta 1993 cuando la ley electoral determina “recomendar” a los partidos promover un mayor número de candidatas mujeres. Desde entonces se instituyó un sistema de cuotas para generar mayores espacios para la participación de las mujeres entre 1996 y 2008.

En materia de derechos humanos, en 2003 se promulga la Ley Federal para Promover y Eliminar la Discriminación que, posteriormente, con la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la reforma constitucional de 2011 y las reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2012, se establecería, entre otros aspectos, que las autoridades mexicanas deben garantizar a todas las personas en nuestro país los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Para 2014 se instituye para los partidos políticos la obligación de garantizar la paridad de género, primero para las candidaturas a diputaciones federales y locales, situación que con el tiempo ha alcanzado otros espacios públicos, hasta la reforma constitucional de 2019 conocida como “Paridad Total” que obliga a aplicar el principio de paridad en la integración de los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas.

En abril de 2020 se promulga la reforma en materia de violencia política por razón de género en contra de las mujeres con lo que se modificaron seis leyes generales y dos federales para disponer de mecanismos de prevención, combate, sanción, reparación y erradicación de este fenómeno y que, justamente, a raíz de múltiples acuerdos y lineamientos adoptados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su materialización se verá reflejada en las elecciones de este año.

Sin embargo, queda mucho por hacer para que la paridad no sólo sea una disposición normativa, sino que se vea materializada en la integración paritaria en los órganos legislativos y en el reparto de comisiones parlamentarias; que en las campañas electorales las candidatas tengan un trato digno, igualitario, en las que no se reproduzcan estereotipos de género y cuenten con los recursos necesarios para el logro de sus fines; que los partidos sean los primeros que impidan postularse a candidaturas con antecedentes de violencia política; que los noticiaros tanto en radio como televisión den una cobertura equitativa, libre de discriminación y sin violencia, entre muchas más.

Juntos partidos, autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales podemos construir en esta elección un referente fundamental para lograr una igualdad sustantiva que haga del 6 de junio el Día Nacional de la Paridad y en contextos libres de violencia.

Consejera electoral del INE.

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