Cancha dispareja en la competencia electoral entre hombres y mujeres

Carla Humphrey

El Instituto Nacional Electoral (INE), en uso de las facultades que le confiere tanto la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, emitió los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sanciones, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Esta normativa tuvo el propósito de establecer bases para que los principales actores de la contienda electoral, es decir, los partidos políticos, garantizaran a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales en la competencia electoral de este 2021, mediante mecanismos que aseguraran condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La protección de los derechos referidos en dichos Lineamientos es aplicable a mujeres dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas postuladas por un partido o bien, a través de la figura de coalición.

Asimismo, dicho mandato legal determinó en el capítulo correspondiente a “la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género” (artículo 14, fracción XIV), que los partidos políticos deben implementar diversas acciones, destacando la de: “Garantizar que el financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres propicie la capacitación política y desarrollo de liderazgos femeninos de militantes, precandidatas, candidatas y mujeres electas, así como la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

En el caso del financiamiento no podrá otorgarse a las mujeres menos del 40% del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña.  Mismo porcentaje se aplicaría para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral”.

No obstante, la situación presentada para lograr una contienda más equitativa y equilibrada tuvo diversos tropiezos.  Desde el INE se registró que a 91 candidatas se les asignó un porcentaje menor del financiamiento público, de las cuales 22 contendieron para cargos de diputaciones locales y 69 a presidencias municipales.

Por entidad federativa con mayor número de casos de partidos políticos omisos en cumplir con esta normativa de destinar un 40% del financiamiento para las campañas de mujeres fue Morelos con 14 casos, seguido por San Luis Potosí y Sonora con 7 casos cada una; Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz  con 5 casos cada uno; Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas con 3 casos cada uno; Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Yucatán con 2 casos cada uno; Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas con un caso cada uno.

Respecto al monto, de acuerdo con información de la Unidad Técnica de Fiscalización, de los partidos que dejaron de destinar el 40% del financiamiento para mujeres, destacan un partido político que por 7 casos no destinó un monto de más de 3 millones 275 mil pesos, seguidos de una coalición en el estado de Aguascalientes por más de 1 millón 285 mil pesos.  En total, 35 organizaciones políticas, entre partidos políticos y coaliciones incumplieron con la disposición establecida en los Lineamientos referidos, lo que implicó que dejaron de destinar 12.9 millones de pesos a campañas de mujeres.

Por mayoría de votos en Consejo General y en contra del criterio aprobado también por mayoría en la Comisión de Fiscalización, se sancionó a todos los partidos que incumplieron con esta obligación.

Los partidos políticos deben estar conscientes que esta situación es contraria a diversas disposiciones constitucionales, legales y normativas que se han aprobado para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres y constituye violencia política en razón de género.

Por ello, el INE junto con las entidades de interés público deberán trabajar de la mano para generar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

 

Consejera electoral del INE.

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