El fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país depende, entre otras cosas, de instituciones públicas independientes, plurales y autónomas que garanticen la participación ciudadana en la toma de decisiones, desde la designación de sus titulares.
El presente año es crucial para distintas instituciones del Estado mexicano encargadas de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos como los político-electorales, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales o la administración de justicia, con el nombramiento de quienes ocuparán al menos 30 cargos públicos, entre los que destacan organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
La organización de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación define a las designaciones públicas como procesos que realizan los poderes públicos para el nombramiento de los titulares de órganos importantes para el Estado mexicano. Dichos procesos son fundamentales y por ello deben de contar con criterios mínimos, cuantificables y evaluables dentro de los plazos señalados, establecidos previamente y apegados a lo mandatado en nuestra Carta Magna, conforme al principio de máxima publicidad.
Dicho principio implica generar mecanismos que visibilicen el desarrollo de las diversas etapas, es ahí donde la creación de sitios o la transmisión de los procesos en medios de comunicación como el Canal del Congreso o el Canal Judicial toman relevancia, pues permiten conocer las distintas fases, desde los expedientes de candidatos, las audiencias públicas, los mecanismos de evaluación hasta la publicación de resultados.
La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son vitales para asegurar la amplia e intensa deliberación en las designaciones que tengan como resultado la integración con los perfiles idóneos y adecuados para garantizar un ejercicio de gobierno independiente, imparcial y especializado desde las instituciones.
Asimismo, para que los procesos de designación cuenten con legitimidad para la sociedad deben apegarse a principios democráticos como la participación ciudadana, elemento toral que brinda certeza de apertura, objetividad y transparencia en los nombramientos, lo que coadyuva a lograr un funcionamiento óptimo de las instituciones.
Otro principio sustancial que aportan los procesos de designaciones públicas transparentes es la vigilancia en el cumplimiento de la paridad de género, eje rector en la integración de los órganos constitucionales. Las designaciones públicas en apego a esa prerrogativa deben ser cumplidas bajo cualquier circunstancia, pues brindar garantías a las mujeres para una participación política activa y libre de coacción, aplicable y obligatoria son componentes necesarios en el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país.
En un contexto crucial para la democracia, los procesos de designaciones públicas deben ser abiertos y participativos, fundamentados en mecanismos que permitan el acompañamiento ciudadano. Una ciudadanía que no conoce cómo fue designado el personal del servicio público, difícilmente confiará en sus instituciones y menos aún buscará ser parte en la toma de decisiones.
