La violencia contra las mujeres y niñas no solo es una grave violación de los derechos humanos, es además la más arraigada, extendida y aceptada. Hoy a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres y niñas han sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida.
Esta violencia está fuertemente arraigada en la desigualdad de género, es decir, en la posición dispar que ocupan mujeres y hombres en la sociedad y, con ello, en el desigual ejercicio del poder y la toma de decisiones en todos los niveles.
México enfrenta un enorme desafío. La violencia contra las mujeres no se ha reducido y sus formas más extremas se han agravado durante los últimos años. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra diez feminicidios cada día y nuestros estudios indican que entre 2015 y 2017, las defunciones femeninas con presunción de homicidio se han incrementado de 2,328 a 3,314 por año.
Durante las últimas semanas hemos atestiguado en México una importante movilización social. Miles de mujeres de diversas ciudades del país han salido a las calles para manifestar su indignación ante esta realidad. Con lemas tales como #NiUnaMenos, #NiUnaMás y #NoNosCuidanNosViolan, miles de mujeres mexicanas han exigido un ¡basta ya! Han clamado por una atención urgente a esta grave situación y por una acción contundente de las autoridades. Sus voces son indispensables y debemos escucharlas, sin desviar nuestra atención de las razones que la generan.
La respuesta a esta movilización ha de garantizar el respeto a los derechos humanos y centrarse en las demandas de las mujeres y en los motivos que las originan, respetar su legítima exigencia de salir a la calle sin miedo. Debemos analizar colectivamente las causas estructurales de la situación de discriminación y violencia que enfrentan mujeres y niñas mexicanas cotidinamente, y desplegar todos los esfuerzos para prevenirla y eliminarla.
Ante los casos de violencia que hoy se están visibilizando, debemos poner en el centro a las sobrevivientes de violencia y enfocar todos los esfuerzos en garantizar sus derechos, especialmente el de acceso a la justicia. México ha asumido obligaciones a nivel internacional que refuerzan esta necesidad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recomendó al Estado que capacite, de manera sistemática y obligatoria, a las y los jueces, fiscales, defensores públicos, agentes de policía y al funcionariado en general, acerca de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El objetivo es que las mujeres y las niñas tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, garantizando que todos los casos se investiguen eficazmente y con enfoque de género y que los autores sean enjuiciados y castigados.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de opinión y la libertad de expresión son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Por ello, resulta primordial reconocer las voces que exigen justicia y atender las causas que las generan.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que México ha asumido un firme compromiso como Estado, requieren un foco irrestricto en la lucha contra esta forma de violencia.
Este momento de desafío representa a la vez una oportunidad única para transformar la realidad nacional. Como hemos referido en otras ocasiones, es urgente generar un diálogo incluyente en el cual se reconozca la legitimidad de las voces de las mujeres, y que derive en un pacto nacional al más alto nivel para enfrentar esta crítica situación y transformarla.
Un México con desarrollo, un México en paz, en el que no se deje a nadie atrás, es un México en el que no existe tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. #Niunamenos #NoALaViolencia #GeneraciónIgualdad
Representante de ONU Mujeres en México. @ONUMujeresMX
