Por Jorge Ojeda Santana
La suerte es generalmente un factor determinante del éxito, pero con frecuencia es insuficiente o peor aún, desaprovechada. Esta es la coyuntura que vive México en que nos vemos favorecidos por la buena suerte del llamado “nearshoring”, pero al mismo tiempo afectados por las malas y deficientes decisiones de gobierno.
Hace poco se cumplió el tercer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC, el cual ha sido benéfico para México. Ante la exigencia de los Estados Unidos, el nuevo tratado modificó las reglas de origen aplicables a muchos productos exigiendo mayor contenido regional, lo cual vino a conjuntarse con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la afectación de las cadenas de suministro marítimo con motivo de la pandemia de Covid-19.
La coyuntura actual ha implicado la reubicación y el establecimiento de plantas de manufactura en México, el país de América del Norte con mano de obra de más bajo costo, lo que permitiría cumplir con las nuevas reglas de origen y asegurar el transporte terrestre de mercancías al mercado regional.
Así se ha puesto de moda el término “nearshoring”, sin que signifique algo nuevo de fondo, pero sí de moda debido a su creciente incidencia en México. Sin embargo, este fenómeno ha traído una serie de consecuencias, entre las que destaco el crecimiento de la inversión extranjera directa, la fortaleza del peso, y la viabilidad de proyectos productivos que compensa en algo la baja inversión en infraestructura del presente sexenio.
Lamentablemente no existe cosa más cara que la escasez de lo que se necesita. Por dar un ejemplo: con la bandera de la soberanía energética, el gobierno ha impedido o desincentivado la inversión extranjera en energía eléctrica, sin que exista un plan de inversión en infraestructura y generación que hagan de México un país competitivo en su disponibilidad, contratación y tarifas. Esto ha obstaculizado los servicios públicos indispensables para proyectos productivos, mismos que generan empleo formal y cultura de trabajo.
El mismo efecto se puede considerar con el acceso al agua para fines industriales. Según datos del INEGI, del consumo total de agua el 76% se destina a fines industriales, 14% al abastecimiento público, 5% a termoeléctricas y 5 % a la industria. Esto se suma a la baja disponibilidad del agua en el norte del país contrastado con el sur.
Los contrastes entre el norte y el sur del país también están latentes en la infraestructura de transporte. El bajo mantenimiento y la poca ampliación de la red carretera, sumado a la inseguridad que sufre el transporte de carga, son un claro desincentivo a la inversión. A este contraste también se suma la mayor disponibilidad de mano de obra calificada en el norte del país respecto del sur. Por ello, se tiene una oportunidad extraordinaria para aprovechar la coyuntura de inversión actual encaminada a reducir la brecha entre las regiones. Pero ello requiere de infraestructura confiable, competitiva y segura en toda la república y una educación generalizada de calidad.
En argot inmobiliario existe término “gorrón de infraestructura”, atribuido a quienes se establecen a la proximidad de un desarrollo cuya inversión en vialidades, electricidad y agua, entre otros, fue realizada por un tercero, buscando tomar ventaja, pero sin hacer o participar en la inversión o hacer las ampliaciones necesarias. El resultado por regla general afecta o hace que se pierda la calidad y cantidad de servicios disponibles. Lo mismo está pasando con la política pública del gobierno en turno, el cual ha estado acogiendo los flujos de inversión extranjera, pero sin establecer las condiciones necesarias para que se realicen las inversiones en infraestructura que garanticen la existencia de servicios estables y a precios competitivos. Esto está ocasionando una baja en la disponibilidad de electricidad y agua, así como su inestabilidad y baja calidad, siendo factores fundamentales para las actividades industriales que arriben a México.
Entre otras preguntas valen la pena éstas ¿Hasta cuándo resistirá la infraestructura actual sin hacer las inversiones necesarias?; ¿Cuánto tiempo se requerirá para ampliar la infraestructura una vez que se decida atender esta inminente necesidad?; ¿Puede el gobierno hacer frente a este reto sin la iniciativa privada?; y sobre todo ¿Está dispuesta la iniciativa privada a invertir en infraestructura con las políticas actuales del gobierno?
Cada una de las preguntas amerita un análisis propio, sin embargo, es posible afirmar que no se visualiza suficiente inversión en infraestructura por parte del gobierno, ni por la iniciativa privada la cual requiere que las condiciones de seguridad jurídica mejoren. La limitada calidad y disponibilidad principalmente de electricidad, agua y saneamiento son parte del gran reto para aprovechar el fenómeno de reubicación de plantas productivas en nuestro país.
Si México no aprovecha correctamente el “nearshoring”, este fenómeno sólo pasará a los recuerdos como otra más de las oportunidades perdidas y tristemente tendremos que reconocer que nos quedamos tan cerca del “nearshoring”…. y tan lejos de aprovecharlo.
Vocal del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
