Luis Pereda, miembro del Consejo Directivo de la BMA
Vivimos en una República Federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
Esto no es una frase solemne para un soliloquio; es la cláusula de un pacto. Quiere decir que los estados, creadores del pacto federal, pueden tomar dentro de su respectivo territorio toda decisión política o jurídica que les parezca pertinente, siempre que no violen lo acordado entre ellos. Eso dice el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero el gobierno federal, resultado de ese pacto, parece tener otros datos. De lo contrario, ¿cómo se explica que desde una oficina en el Zócalo de la Ciudad de México se decida cuántos regidores y síndicos tendrá un municipio o cuánto costará a sus ciudadanos un congreso local? Los estados son soberanos, no subordinados. Así lo establece la Constitución.
La reciente iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobierno federal, conocida con el desafortunado remoquete de “Plan B”, dice que busca un “uso eficiente del gasto”, pero quien debería calificar lo eficiente o ineficiente del gasto público de Querétaro, Oaxaca, Yucatán o Sonora son los habitantes de esos estados, a través de sus respectivos congresos estatales.
Ahora, si lo que sucede es que el gobierno federal opina que no “le sirven” esos estados, entonces la propuesta que debería de presentar en congruencia a esta visión política es transitar de una república federal hacia una república central (quizá como Francia o Chile). El procedimiento de reforma constitucional es exactamente el mismo que ya tiene bien andado.
El hecho de que el Plan B solo dedique dos párrafos de su exposición de motivos a explicar por qué es buena idea reducir los ayuntamientos sin atender a criterios demográficos, financieros u operativos, genera más dudas que respuestas. Por ejemplo, ¿a partir de qué métrica se determinó que el máximo debería de ser 15 regidores? ¿Por qué no 13 o 17?
Es casi inverosímil que un componente tan importante para la gobernabilidad del país, con mucha frecuencia sea menospreciado por otro ámbito de gobierno. Los municipios han existido desde antes de 1824. Si nuestro federalismo es de inspiración norteamericana, los municipios no, ellos son creación propia (por eso no tenemos condados). Cuando nuestro país atravesó una guerra civil en la que gobiernos caían un día sí y el otro también, los municipios continuaban ahí, haciendo su chamba, con varias áreas de oportunidad, sí, pero continuaban siendo la primera autoridad pública con la que toda persona se encontraba al salir de su casa (esto fue verdad incluso para el Distrito Federal hasta 1928).
Aquí un ejemplo llevado al extremo absurdo: si el servicio de transporte público es malo en algún municipio, utilizando la misma lógica del gobierno federal la solución sería que se diseñen, desde una oficina de Palacio Nacional, las rutas de transporte de ese municipio, incluidas paradas, horarios y número de vehículos. Y asunto arreglado, ¿no?
No se puede pretender ser federalista y querer que los gobiernos estatales y municipales tengan exactamente las mismas características dictadas desde el gobierno federal. En junio de 2014 Diego Valadés publicó un artículo titulado Federalismo centralizado, tenía y tiene toda la razón, nuestro federalismo es terriblemente centralista.
Lo que México necesita es una reforma que se construya no desde el centralismo, sino desde el federalismo. Un Plan F.
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