Por Cintya Altamirano Meraz
La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, otorgó facultades exclusivas a las alcaldías, para vigilar y verificar administrativamente el cumplimento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones en materia de uso de suelo y desarrollo urbano. Sin embargo, desde entonces, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, (Invea CDMX) no ha dejado de realizar actos de verificación exclusivos de las Alcaldías. Como resultado, decenas -sino cientos- de establecimientos mercantiles y obras han sido clausurados en toda la Ciudad.
El problema no es solo la ilegalidad de estos actos administrativos, sino las consecuencias sociales, económicas y jurídicas que generan. Aunque el Tribunal de Justicia Administrativa ha declarado nulos muchos de estos procedimientos por contravenir la Constitución local, la resolución suele llegar tarde: negocios quebrados, empleos perdidos e inversiones canceladas.
Más grave aún, la autoridad que debería garantizar la legalidad ha adoptado una postura persecutoria contra pequeños comerciantes y empresarios, ignorando los principios y derechos humanos afianzados en los artículos 1 al 18 de la Constitución capitalina. El Invea CDMX se ha convertido en una especie de procuraduría que criminaliza a quienes no tienen más remedio que sortear leyes urbanísticas obsoletas y anacrónicas.
No se trata de justificar irregularidades que afecten a terceros —como ruido excesivo, contaminación o venta de alcohol a menores—, pero resulta paradójico que mientras se tolera el comercio ambulante, se persiga con rigor a quienes buscan operar formalmente. Hoy, abrir un local clausurado por una autoridad sin facultades puede llevarte a prisión —seas mesero, albañil o dependiente—, con penas más severas que las impuestas a quienes cometen delitos graves. ¿No debería sancionarse con igual rigor a las autoridades que actúan fuera de la ley?
Estamos en una ciudad al revés: conviene más ser informal, no pagar impuestos y colgarse de los servicios, que cumplir con normas desactualizadas y enfrentar hasta 27 autoridades distintas para operar legalmente. El Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en lugar de criminalizar a quienes generan empleo y pagan impuestos, deberían buscar regularizar y presionar a los órganos correspondientes del Estado para llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar los programas de desarrollo urbano, rezagados más de 20 años, frente a las necesidades de una metrópoli de más de nueve millones de habitantes.
Se aproxima el Mundial de futbol y, en esta ciudad de incongruencias, presumiremos sellos de clausura y puestos ambulantes por doquier. Urge cambiar la lógica de las autoridades: menos persecución, más soluciones.
Subcoordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la BMA