El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz , Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, viajó el viernes a Guatemala en un avión privado rentado, para asistir a un evento social. Estuvo acompañado por integrantes de su familia, una asistente y un grupo de amistades que acudían al mismo festejo. Su asistente portaba dólares en efectivo, de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en una segunda escala del viaje, en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ealy Ortiz se somete de forma regular. Como demuestran copias de los comprobantes respectivos, dicha cantidad fue reportada por ella ante funcionarios fiscales en el aeropuerto de Toluca antes de partir. Ellos le pidieron firmar un segundo formato, de colaboración con Guatemala, cuyas autoridades, le dijeron, serían informadas. Los referidos comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca que alojaría a su llegada al avión rentado. Al llegar al aeropuerto de la capital guatemalteca, agentes aduanales la separaron del grupo apenas bajó de la aeronave y la pidieron firmar una nueva declaración en la que notificaba sobre el dinero reportado previamente. En esta nueva declaración ella informó portar dólares, pero en un descuido omitió especificar el monto. Ello originó que el dinero fuera incautado en forma precautoria. Una vez aclarado que el dinero había sido reportado desde México, todos los viajeros del avión, ella incluida, reanudaron sus actividades programadas. El señor Ealy, sus familiares y su asistente viajaron ayer domingo a la ciudad de Los Ángeles, para los efectos descritos. Personas no identificadas filtraron a medios de comunicación mexicanos aspectos del incidente, incluso documentación de la fiscalía de Guatemala con datos personales de los afectados. En las publicaciones derivadas de ello, el tema fue premeditadamente exhibido como un aspecto cuestionable del referido festejo social.
Sin importar que los altos mandos de la Secretaría de Salud ya estén instalados en Guerrero, esta semana que inicia, la asociación de padres de niños con cáncer tomará de nuevo las calles de la capital para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que acabe con el desabasto de medicamentos para sus hijos. Aseguran que a pesar de las promesas y las reuniones con Insabi, la falta de los fármacos oncológicos es constante en diversos hospitales de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, por lo que aseguran que ya están cansados de confiar en las autoridades. Nos adelantan que saldrán a las calles y lo más probable es que de nueva cuenta cierren los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En el Senado se esperan días de mucha actividad. Además de las sesiones plenarias, los legisladores atenderán algunos temas urgentes como la designación de magistrados electorales y probablemente la recepción de la terna de candidatas a ocupar el lugar que dejará en diciembre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco. A esta lista se suma, nos aseguran, un tema de suma urgencia. Una reunión, probablemente el jueves, con los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal para analizar la preocupante situación de inseguridad en destinos turísticos internacionales de Quintana Roo. Los altos funcionarios del gabinete fueron invitados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal .
Pese a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció con bombo y platillo la creación de una unidad especializada para atender los casos de acoso sexual y violencia de género al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), integrantes de este Poder nos aseguran que las capacidades de este órgano son limitadas. Nos comentan que, si bien, en los casos que ya llegaron a la unidad las víctimas han recibido acompañamiento, en cuanto esta área emite recomendaciones para protegerlas y ayudar a evitar más actos de acoso, las resoluciones se quedan en eso: solo recomendaciones. Y precisamente, como una recomendación a los altos mandos de la Judicatura, aseguran que deben hacer algo para ponerle dientes a esta unidad para que ayude a terminar con este tipo de casos, que afirman, son más comunes de lo que se piensa.