Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió su propuesta de reforma electoral —que terminó siendo rechazada ayer incluso por sus propios aliados, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— pronunció una frase que retrata mejor que cualquier discurso el momento político que vive el oficialismo: “Yo ya cumplí”.
Este dicho no está dirigido a los ciudadanos, pues, aunque ella lo asegure, los mexicanos nunca marcharon exigiendo una reforma electoral de ese calibre. Nunca hubo un movimiento social que pidiera elecciones más baratas o eliminar plurinominales, reduciendo así el Congreso.
Quien lo pedía con insistencia era Andrés Manuel López Obrador.
Es así que el “ya cumplí” de la Presidenta no cumple los deseos legítimos de la gente, sino el compromiso heredado de aquel 5 de febrero de 2024, cuando, en la recta final de su sexenio, López Obrador anunció un paquete de 20 reformas constitucionales, cuyos retales quedaban como tarea urgente y obligatoria para su sucesora. Aquel día no fue solo una ceremonia constitucional; fue, en realidad, la entrega de una agenda política que Sheinbaum debía concretar.
Entre esas iniciativas estaba una reforma que buscaba rediseñar el sistema electoral mexicano, bajo el argumento principal de que era “de los más caros del mundo”. Pero, en realidad, se trató de un capricho más de AMLO, como muchos otros que se han cumplido y han costado caro a todos los ciudadanos.
Aquella propuesta ya maquinaba el esqueleto de lo que hoy no apoyan ni siquiera los aliados: eliminar los legisladores plurinominales, desaparecer los mecanismos de representación proporcional y dejar el Congreso integrado únicamente por legisladores electos directamente por el voto ciudadano.
También buscaba reducir el tamaño del Congreso: la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes y el Senado, de 128 a 64.
Además, pretendía transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) al compactar su estructura, reducir de 11 a siete el número de consejeros —y que estos fueran electos por voto popular—, así como desaparecer los organismos electorales locales para centralizar la organización de los comicios.
Pero la imposición de quien estaba acostumbrado a hacer su voluntad no fue suficiente para que su reforma, presentada como una batalla épica contra los “privilegios” del sistema electoral, fuera avalada por el Poder Legislativo, donde terminó descarrilándose al no obtener el apoyo de los propios aliados del oficialismo.
Incluso desde entonces, ni el PVEM ni el PT quisieron cargar con el costo político de materializar una propuesta que, más que responder a una demanda ciudadana, parecía responder a una obsesión personal del expresidente y que, además, amenazaba su supervivencia como organizaciones políticas.
Cuando Claudia Sheinbaum dice “yo ya cumplí”, en realidad parece estar intentando impulsar el legado de López Obrador, aunque ese legado no tenga consenso, ni siquiera dentro de la coalición gobernante.
Ahora veremos qué ocurre en el siguiente capítulo. Porque, aunque la reforma constitucional haya tropezado, las leyes secundarias (el famoso, pero reciclado “Plan B”) todavía ofrecen espacios para que Morena y sus aliados intenten avanzar por la puerta trasera y cumplir la instrucción desde Palenque, Chiapas. Y aunque no pueden presentar de nuevo la misma reforma, sí podrían, por ejemplo, poner temas semejantes a los rechazados, sin que Morena requiera los votos de sus aliados para aprobarlos.
Interesante que, dentro de la llamada “Cuarta Transformación”, haya batallas que ya nadie, ni siquiera el sector más fiel al obradorismo, esté dispuesto a pelear.
@azucenau
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