Hoy inicia en Sinaloa el Carnaval de Mazatlán. Música, luces… y discursos vacíos. La pirotecnia no es suficiente para ocultar el olor de la muerte. Y es que este festival, que se supone debe desarrollarse en un ambiente de celebración, arranca en medio de uno de los contextos más violentos que ha vivido el estado en años recientes.
Ocurre a casi una semana de que fueran hallados cinco cuerpos de un grupo de 10 mineros que fueron levantados el 23 de enero por una célula de “Los Chapitos”, tras confundirlos —según el gobierno federal— con un grupo de “Los Mayos”; a nueve días de que cuatro hombres originarios del Estado de México fueran secuestrados cuando vacacionaban en Mazatlán; y a cinco días de que un comando privara de la libertad a cinco hombres en el municipio de Ahome.
Son historias distintas ligadas por una misma constante: la ausencia del Estado y la normalización del horror.
El gobernador, Rubén Rocha Moya, dice no saber nada. Se lava las manos al afirmar que no puede intervenir en casos que sean atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR). Pero nadie despliega miles de elementos del Ejército en un territorio en calma. Nadie militariza un estado por precaución estética. Sinaloa está sitiado porque la violencia se desbordó, y quien afirme lo contrario insulta la inteligencia de una sociedad que vive con miedo.
Sinaloa se mantiene entonces como uno de los mayores desafíos para la presidenta Claudia Sheinbaum y para su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se trata únicamente de enfrentar a criminales que reconocen abiertamente serlo; armados, visibles y violentos. El reto mayor está en combatir a los criminales que se esconden detrás de un cargo público, que firman oficios, que posan para la foto y que militan —o protegen— desde dentro del propio poder. Porque esta violencia no es solo producto de balas. Es consecuencia de pactos, omisiones y silencios prolongados.
No, no es un carnaval de fiesta. No se ven bailes por las calles, sino manifestaciones interminables que exigen justicia por los miles de muertos y la aparición de una larga lista de desaparecidos. Familias enteras recorren avenidas con fotografías colgadas al pecho, pidiendo lo único que el Estado debería garantizar: verdad y justicia. No hay música para ellas, solo indiferencia.
No hay carrozas coloridas, sino fúnebres. La guerrilla entre las facciones del Cártel de Sinaloa —“Chapos” y “Mayos”— alcanzó niveles que ya no se pueden ocultar con boletines oficiales ni resolver con refuerzos militares itinerantes.
No hay disfraces nacidos de la creatividad y alegría; hay negligentes disfrazados de políticos que fingen no saber, no ver, no oír. Funcionarios que simulan gobernar mientras exigen a la sociedad callar, adaptarse y sobrevivir.
En un carnaval hay música y baile. En Sinaloa hay un silencio turbio que frecuentemente se desborda con el ruido de las balas.
En esa entidad ya no se juega a ganar premios. El único juego posible es escapar, salvarse, llegar con vida al día siguiente.
Celebrar un carnaval en estas condiciones no es una muestra de resiliencia. Es una estrategia de negación. La cúspide del cinismo. Una puesta en escena para fingir normalidad sobre un territorio atravesado por fosas que siguen apareciendo.
Mientras las luces se encienden, la oscuridad y el horror continúan gobernando las calles.