La pregunta ya no es si hay elementos para investigar, sino por qué el Estado insiste en no hacerlo.
El 21 de octubre, la entonces presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, solicitó formalmente al Senado que el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, fuera investigado por el SAT ante inconsistencias detectadas en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. La petición no solo fue ignorada, sino que derivó en amenazas directas contra la funcionaria, quien terminó pagando el costo de atreverse a señalar a una de las figuras más poderosas del oficialismo.
Ese mismo mes, y por razones similares, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén presentó 37 denuncias penales contra López Hernández ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ninguna ha mostrado avance. Una semana después interpuso otra querella ante la Contraloría Interna del Senado. El resultado fue idéntico: silencio absoluto.
Este martes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del tabasqueño. Ante la pregunta sobre posibles investigaciones, respondió que solo existen notas periodísticas y que, en todo caso, corresponde a la Fiscalía confirmar si hay indagatorias. Cuando se le cuestionó sobre el desgaste político de López, contestó que eso “lo tiene que evaluar la gente”. La afirmación, sin embargo, ignora que la Fiscalía General de la República —ahora encabezada por Ernestina Godoy— puede iniciar una carpeta de investigación a partir de una “noticia criminal”, es decir, información pública que apunte a la posible comisión de un delito, incluso cuando provenga de reportajes periodísticos.
Y precisamente en los medios es donde se ha documentado un historial que difícilmente puede calificarse como irrelevante. Latinus reveló que Adán Augusto López aparece mencionado en el expediente de la red de huachicol fiscal más grande del país, operada por los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. En ese expediente, López Hernández es referido como alguien con “muy buena amistad” con el empresario Saúl Vera Ochoa, quien apoyó abiertamente su campaña interna en 2023 y es dueño de la empresa Tampico Terminal Marítima, vinculada al muelle fiscal 289 de Tampico, presuntamente utilizado para introducir combustible de contrabando.
Otros reportajes periodísticos han documentado su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal “La Barredora”, a quien López nombró secretario de Seguridad de Tabasco en 2019. Investigaciones de SinEmbargo y Animal Político revelaron que, desde 1998, la notaría 27 —entonces a cargo del hoy senador— validó la creación de empresas ligadas a la familia de Bermúdez, varias de las cuales obtuvieron contratos públicos durante su gobierno. Una de ellas, Capital Cargo del Golfo, le pagó en 2024 casi 19 millones de pesos por asesorías legales.
A ello se suman los reportes de FrojiMx sobre la empresa Corporación Inmobiliaria Villahermosa, de la que López es socio, propietaria de un edificio rentado a filiales de Pemex por millones de pesos. En la misma torre, según el periodista Jorge García Orozco, el senador renta oficinas al SAT por más de un millón de pesos mensuales mediante una empresa ligada a exfuncionarios de seguridad.
Pese a todo, Adán Augusto López no ha explicado con datos verificables el origen de su patrimonio, sus ingresos extraordinarios, ni los evidentes conflictos de interés. Las denuncias fueron desechadas sin investigación, las preguntas quedaron sin respuesta y el poder cerró filas. La pregunta ya no es si hay elementos para investigar, sino por qué el Estado insiste en no hacerlo.
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