Por Carlos Corral Serrano
México vive un momento histórico en su política hídrica con la publicación de la Ley General de Aguas y las reformas profundas a la Ley de Aguas Nacionales en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025. Esto representa el resultado de meses de intensos debates en la Cámara de Diputados, que aprobó el dictamen el 3 y 4 de diciembre de 2025 en sesiones maratónicas con 328 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.
La modificación jurídica no es solo un cambio de palabras: constituye un cambio de paradigma frente a décadas de gestión tradicional del agua que, en muchos casos, centró su acción pública más en la asignación de concesiones que en la garantía efectiva del derecho humano al agua, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia frente a la crisis climática y urbana.
Hacia una política hídrica nacional eficiente y sostenible
La reforma reconoce la prioridad del uso doméstico y humano por encima de cualquier otro, y busca redefinir la gestión integrada del agua, avanzar en la regulación del tratamiento y reúso, fortalecer la transparencia en el uso de concesiones, y actualizar las obligaciones y responsabilidades de todos los actores.
Este nuevo marco legal se inserta en un contexto donde las políticas públicas eficientes han demostrado que no basta con construir más infraestructura: hace falta medir y gestionar mejor el agua disponible, reducir desperdicios, proteger ecosistemas y garantizar equidad en el acceso. A continuación, presentamos los principales ejes del enfoque técnico que debe acompañar esta transformación constitucional y legal.
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
La nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales privilegian una visión de cuenca y acuífero integrados. Esto significa que decisiones sobre uso, asignación, conservación y restauración del agua no se toman de forma aislada por sector o jurisdicción, sino con base en datos hidrológicos, físicos y ambientales reales, y con la participación ciudadana.
Esa gestión integrada es clave para prevenir conflictos, evitar sobreexplotación de acuíferos, reducir la vulnerabilidad en contextos de sequía y redistribuir recursos de manera equitativa entre usos prioritarios: humano, doméstico, ambiental y productivo.
Reúso y Tratamiento de Aguas Residuales
Una de las apuestas más importantes de la reforma jurídica es fortalecer el tratamiento y reúso seguro de aguas residuales como parte integral del ciclo urbano del agua. La legislación actualiza y precisa las facultades de la autoridad para regular, supervisar y promover el reúso en aplicaciones urbanas, industriales y ambientales.
Esto significa avanzar en modelos donde las ciudades no solo captan más agua, sino que recuperan y reutilizan la que ya fue utilizada, reduciendo presión sobre fuentes naturales y disminuyendo el volumen de descargas contaminantes.
Tarifas Progresivas y Medición Real del Consumo
La medición universal del uso del agua y un régimen de tarifas progresivas bien diseñado constituyen la espina dorsal de la sostenibilidad financiera de los sistemas urbanos. La ley reformada busca apoyar este enfoque, vinculando el precio del agua con su valor económico y ambiental, y promoviendo mecanismos de subsidio focalizados en quienes realmente lo necesitan, en lugar de subsidios generalizados que distorsionan el mercado y desincentivan la eficiencia.
Este enfoque fortalece tanto el ahorro de agua como la equidad, al amortiguar el costo para los hogares de bajos ingresos mientras se penaliza el consumo excesivo.
Captación Pluvial: Diversificación de Fuentes y Resiliencia Urbana
Un aspecto complementario y estratégico —que ha ganado relevancia en los últimos años y que debe ser considerado dentro del marco de políticas públicas municipales y metropolitanas— es la captación de agua de lluvia.
¿Por qué es importante?
La captación pluvial, cuando se integra de forma inteligente, contribuye a:
Reducir la demanda de agua potable para usos secundarios como riego de áreas verdes y limpieza.
Aumentar la resiliencia local en zonas con servicio intermitente o en crecimiento rápido.
Mitigar escurrimientos superficiales y presión sobre sistemas de drenaje en temporadas de lluvia.
Su implementación en edificios, barrios o equipamientos públicos puede representar inversiones de bajo costo con impactos tangibles tanto en ahorro de agua como en gestión de riesgos urbanos.
Presupuesto y Gobernanza: Operación, Mantenimiento y Administración
La reforma también pone el acento en la necesidad de que la gestión del agua sea financieramente sostenible. Esto implica que no solo se construyan obras nuevas, sino que se garantice un presupuesto perenne para operación y mantenimiento, así como para la gestión y administración eficiente de los servicios.
La evidencia acumulada indica que muchos sistemas urbanos pierden millones de litros por fugas, medición insuficiente y mantenimiento retardado —problemas que solo se resuelven con inversión regular y una gobernanza robusta.
El proceso legislativo y su importancia histórica
La aprobación del nuevo marco jurídico hídrico no ha sido un trámite menor. El dictamen fue objeto de intensos debates en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025, con sesiones prolongadas que reflejaron tensiones entre diferentes sectores, incluidas preocupaciones del campo sobre el impacto de ciertas medidas en usos productivos.
Finalmente, al consolidarse la votación y pasar al Senado, la iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025, marcando el inicio de una etapa donde el marco jurídico será la base para la implementación técnica y operativa de políticas públicas transformadoras.
Conclusión
La reforma de la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales suponen una oportunidad histórica para reconfigurar la manera en que México administra uno de sus recursos más vitales. Pero la ley por sí sola no garantiza resultados: será necesario complementarla con políticas públicas municipales, programas técnicos, inversiones en medición y gestión, y la participación efectiva de la ciudadanía.
Solo así podrá avanzar el país hacia un modelo hídrico que sea eficiente, resiliente, equitativo y sostenible.
Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Uranistas