Por José R. Xilotl Soberón
Uno de los primeros y mayores desafíos que enfrenta todo presidente municipal al asumir el cargo es cómo financiar adecuadamente a su municipio. En México, el gasto público municipal representa apenas alrededor del 4 % del gasto público total, una proporción claramente insuficiente si se considera la magnitud de las responsabilidades que recaen sobre los ayuntamientos.
Con esos recursos, los gobiernos municipales deben atender no solo compromisos políticos, sino obligaciones legales fundamentales: operación de los sistemas de agua potable y drenaje, alumbrado público, mantenimiento de parques y vialidades, control del tránsito, saneamiento urbano, y administración de mercados y panteones, entre otros servicios esenciales. Para ello, los municipios dependen de un número limitado de fuentes de ingreso: pago de derechos y multas, cobro por servicios, impuesto predial y participaciones federales y estatales.
La autonomía financiera municipal, está severamente acotada. Las participaciones estatales y federales dependen de negociaciones políticas sujetas a prioridades externas; el potencial del impuesto predial se ve restringido por reglas estatales, altos costos de actualización catastral y debilidades administrativas; y persiste una visión reducida del “bien público”, entendida como la gratuidad casi absoluta del uso de la ciudad, sin una reflexión real sobre la necesidad de capitalizar y sostener la infraestructura urbana. Aunque se han impulsado esfuerzos de capacitación y modernización —incluidos programas promovidos por la Asociación Mexicana de Urbanistas—, ser presidente municipal en México sigue siendo, en los hechos, una búsqueda permanente de recursos.
En este contexto, ha comenzado a abrirse paso en México un nuevo modelo de financiamiento local importado del extranjero: el uso intensivo de las multas, particularmente las de tránsito. Este esquema resulta políticamente atractivo por tres razones: es popular en el discurso, relativamente fácil de cobrar y cuenta con un marco jurídico que permite a los municipios disponer libremente de los recursos recaudados.
Las multas de tránsito concentran la carga económica en un sector específico —los automovilistas—, mientras se justifican bajo el argumento de la seguridad vial. Además, la identificación del conductor, el valor del vehículo y la presencia directa de la autoridad facilitan su cobro. En ciudades como la Ciudad de México y Puebla, esta lógica ha impulsado reglamentos con sanciones cada vez más elevadas, no siempre con fines preventivos, sino claramente recaudatorios.
No obstante, la experiencia internacional advierte sobre los peligros de este modelo. El caso de Ferguson, en el estado de Missouri, es especialmente ilustrativo. Ahí, el uso sistemático de multas —no solo de tránsito, sino por conductas menores— se convirtió en un mecanismo central de financiamiento municipal, derivando en violaciones rutinarias de derechos civiles, criminalización de la pobreza y un profundo quiebre entre ciudadanía y autoridad. La dependencia fiscal de las multas fue tan extrema que el propio ayuntamiento llegó a rechazar acuerdos federales por el impacto que tendrían en sus ingresos.
Este tipo de esquemas genera una pregunta inevitable: ¿cómo confiar en una autoridad cuya estabilidad financiera depende de sancionar de manera permanente a su propia población? El resultado es una espiral peligrosa que empobrece a comunidades vulnerables, fomenta la confrontación social y abre amplios márgenes para la corrupción y el abuso de poder.
Desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de Urbanistas, el mayor riesgo de financiar a los municipios mediante multas no es únicamente económico, sino social y político. Convertir a los agentes de tránsito en recaudadores deteriora la relación entre gobierno y ciudadanía, genera dinámicas de confrontación, eleva los niveles de estrés urbano y debilita la legitimidad institucional. Lejos de fortalecer a los municipios, este modelo erosiona la civilidad y el tejido social, sin ofrecer a cambio mejores servicios públicos.
Financiar a los municipios a través de multas no es una estrategia sostenible ni justa. La recaudación basada en el castigo sustituye a la planeación, y la coerción reemplaza al acuerdo social. Si México insiste en este camino, corre el riesgo de reproducir escenarios de conflicto, desconfianza y empobrecimiento urbano.
Acción inmediata
Es urgente que los gobiernos municipales abandonen la dependencia recaudatoria de las multas y avancen, de manera inmediata, en:
La modernización catastral y fiscal, para fortalecer el impuesto predial con criterios de equidad.
La creación de instrumentos de financiamiento urbano, como captación de plusvalías, derechos de desarrollo y esquemas de corresponsabilidad.
La planeación urbana integral, que vincule inversión, servicios y calidad de vida, en lugar de sanción y confrontación.
La pregunta ya no es cómo recaudar más, sino cómo financiar la ciudad sin romper el pacto entre gobernantes y ciudadanos. El tiempo para corregir el rumbo es ahora.
Es miembro de la AMU desde 2015.
Contacto: jxilotl@gmail.com; contacto@amu.org.mx