Por Juan L. Kaye López
En México las encuestas existen. Los diagnósticos también. Lo que sigue faltando es traducir esa información en decisiones de política pública.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) realiza periódicamente estudios sobre la percepción ciudadana del riesgo. Los resultados son consistentes: la población identifica con claridad los peligros que enfrenta el país —sismos, sequías, inundaciones, ciclones tropicales y erupciones volcánicas— y expresa una preocupación creciente frente a estos fenómenos.
Sin embargo, esa información no se refleja en la asignación presupuestal del Gobierno Federal.
Mientras la ciudadanía reconoce los riesgos que amenazan su entorno, el presupuesto público destinado a prevenirlos sigue siendo mínimo.
Lo que revelan las encuestas
De acuerdo con el boletín más reciente del CENAPRED y con el estudio publicado en enero de 2026 en la revista Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres (REDER), la percepción de riesgo en México es cada vez más clara y territorialmente diferenciada.
En el norte del país —particularmente en Chihuahua, Sonora y Durango— la principal preocupación de la población se relaciona con sequías prolongadas e inundaciones derivadas de eventos extremos.
En contraste, en el sur y sureste —Tabasco, Veracruz y Yucatán— las lluvias intensas y los ciclones tropicales son percibidos como los principales riesgos.
Más del 60% de los encuestados considera que los fenómenos climáticos se han intensificado en los últimos cinco años, lo que refleja una percepción creciente del impacto del cambio climático en el territorio nacional.
En materia sísmica, el diagnóstico es igualmente claro. Más del 80% de los habitantes de la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero considera probable la ocurrencia de un sismo fuerte en el corto plazo.
Los terremotos de 2017 y 2021 siguen presentes en la memoria colectiva, generando mayor conciencia social sobre la vulnerabilidad del país ante estos fenómenos.
Sin embargo, existe una contradicción preocupante: menos del 40% de los hogares afirma contar con un plan familiar de emergencia, lo que evidencia una brecha importante entre la percepción del riesgo y la preparación real de la población.
Otros riesgos también aparecen con claridad en la percepción ciudadana.
En Puebla y Colima se identifica un riesgo volcánico elevado debido a la actividad del Popocatépetl y el Volcán de Fuego. Las comunidades industriales, como Tula y Monterrey, reconocen la existencia de riesgos químicos asociados a complejos petroquímicos e industriales. Y, tras la pandemia, el riesgo sanitario continúa presente en la conciencia colectiva.
La información existe. Está documentada. Pero rara vez orienta las decisiones presupuestales.
Lo que dice el presupuesto
El contraste aparece con claridad al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.
Dentro del rubro Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el monto destinado a gestión y prevención de riesgos asciende a 7,800 millones de pesos, lo que representa menos del 1% de un fondo cercano a los 950 mil millones de pesos.
En el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) —institución clave para enfrentar sequías e inundaciones— el presupuesto asignado es de 20 mil millones de pesos, equivalente apenas al 0.2% del total del PEF.
El contraste histórico resulta aún más preocupante.
En 2017, CONAGUA recibió 84 mil millones de pesos. Para 2026, el monto se reduce a 20 mil millones.
Se trata de una reducción nominal cercana al 76%, a pesar de que la crisis hídrica del país es cada vez más evidente.
Una contradicción evidente
La comparación entre la percepción ciudadana y las decisiones presupuestales revela una contradicción difícil de ignorar.
La población identifica con claridad los riesgos que enfrenta el país, pero el gasto público destinado a prevenirlos sigue siendo marginal.
Mientras una alta proporción de ciudadanos manifiesta preocupación por sequías e inundaciones, la principal institución encargada de atender estos fenómenos opera con apenas 0.2% del presupuesto federal.
Mientras ocho de cada diez habitantes en zonas sísmicas consideran probable un terremoto fuerte, el gasto en gestión de riesgos representa menos del 1% del presupuesto federal.
Mientras más del 60% percibe que los fenómenos climáticos se han intensificado, no existen incrementos significativos en inversión preventiva.
Y mientras menos del 40% de los hogares tiene un plan de emergencia, tampoco hay programas robustos de educación comunitaria o fortalecimiento de protección civil local.
En términos agregados, el gasto federal destinado a la gestión de riesgos representa menos del 0.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En países con condiciones geográficas similares a las de México —como Chile o Japón, ambos expuestos a sismos, tsunamis y fenómenos climáticos extremos— la inversión en prevención suele ser al menos tres veces mayor.
Lo que México debería invertir
Si México destinara entre 0.3% y 0.35% del presupuesto federal a la gestión de riesgos —niveles comparables con países de alto riesgo— los recursos disponibles para prevención cambiarían de forma significativa.
Por ejemplo:
En 2024, con un PEF cercano a 8.3 billones de pesos, el presupuesto adecuado para prevención habría sido de 25 mil a 30 mil millones de pesos.
En 2025, con un PEF de 9.1 billones, la inversión debería ubicarse entre 27 mil y 32 mil millones de pesos.
Estos recursos permitirían fortalecer áreas críticas como:
- Infraestructura de prevención climática para enfrentar inundaciones, sequías y ciclones.
- Protección civil comunitaria, con brigadas locales, capacitación y equipamiento.
- Ampliación de sistemas de monitoreo sísmico y volcánico y redes de alerta temprana.
- Programas de reconstrucción resiliente, con viviendas, hospitales y escuelas diseñados bajo estándares antisísmicos y climáticos.
Conclusión
Las encuestas del CENAPRED muestran con claridad que la población mexicana reconoce los riesgos que enfrenta el país. La preocupación por sismos, sequías, inundaciones y ciclones es real y creciente. Sin embargo, esa información aún no se refleja en las decisiones presupuestales. México sigue privilegiando una lógica reactiva: reconstruir después del desastre, en lugar de invertir oportunamente en prevención.
La reducción del 76% en el presupuesto de CONAGUA desde 2017 resulta especialmente contradictoria frente a la crisis hídrica que vive el país. Existe, en suma, una desconexión preocupante entre la información técnica disponible y la asignación de recursos públicos: el CENAPRED mide los riesgos, la ciudadanía los percibe, pero el presupuesto aún no actúa en consecuencia.
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