Por Raúl Villalobos Salas
En México, la planeación territorial no siempre ha sido una práctica sistemática. Durante décadas, el crecimiento de pueblos y ciudades respondió más a inercias demográficas y presiones económicas que a decisiones estratégicas sustentadas en información. Sin embargo, a partir de 1976 se dio un paso relevante en el país: se comenzó a definir una unidad de medida del territorio como base para ordenar el espacio físico en escalas regional, estatal, municipal y de centro de población.
En Coahuila, este proceso adquirió una dimensión particularmente estructurada. El fenómeno que detonó esta metodología fue claro: crecimiento demográfico acelerado, migración campo-ciudad y la necesidad de articular a los tres niveles de gobierno bajo un esquema de gobernanza más coherente. La planificación dejó de ser una simple delimitación administrativa para convertirse en una herramienta estratégica de desarrollo regional y urbano integral.
La lógica fue sencilla pero poderosa: antes de planear, había que medir. Medir el territorio implicó fijar límites, definir polígonos con coordenadas precisas, identificar vocaciones productivas, diagnosticar carencias y reconocer dinámicas socioeconómicas propias. Economistas, ingenieros y arquitectos locales participaron activamente, apoyados en indicadores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en la normatividad vigente en materia de asentamientos humanos y protección ambiental.
Este esfuerzo se tradujo en la adopción de una metodología estratégica que integraba información institucional y trabajo de campo. La planeación se organizó bajo un sistema de rangos poblacionales, diferenciando comunidades rurales, pueblos, ciudades medias y zonas metropolitanas. No se trataba solo de clasificar por número de habitantes, sino de vincular esa escala demográfica con la dosificación de infraestructura, equipamiento y servicios.
El objetivo era claro: garantizar una calidad de vida sustentable mediante la adecuada provisión de trabajo, educación, salud, seguridad e infraestructura básica. La unidad de medida territorial permitía dimensionar cuánto equipamiento requería cada asentamiento según su rango poblacional y su función dentro del sistema estatal de pueblos y ciudades.
Coahuila estructuró su territorio en seis subregiones socioeconómicas: Norte, Carbonífera, Centro, Desierto, Sureste y Laguna. Esta división no fue arbitraria; respondió a dinámicas productivas, condiciones geográficas y patrones de asentamiento diferenciados. El territorio estatal se convirtió así en un sistema articulado, donde cada subregión cumplía un papel dentro del conjunto.
En términos urbanos, el modelo identificó ciudades metropolitanas, ciudades estatales, ciudades medias y Servicios Rurales Concentrados (SERUCS). Las comunidades rurales, a partir de 2,500 habitantes, y las ciudades que superan el millón, se integraron en una jerarquía funcional que orientaba la inversión pública y la planificación sectorial.
Actualmente, Coahuila cuenta con siete ciudades que rondan los 100 mil habitantes y dos zonas metropolitanas consolidadas. Por un lado, la Zona Conurbada de la Región Sureste, integrada por Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, que concentra buena parte del dinamismo industrial y económico del estado. Por otro, la Zona Conurbada de La Laguna, compartida con Durango, que incluye a Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Gómez Palacio y Lerdo. Estas áreas metropolitanas representan nodos estratégicos de articulación regional y requieren esquemas de coordinación intermunicipal más complejos.
La experiencia de Coahuila demuestra que la unidad de medida territorial no es un concepto abstracto. Es una herramienta operativa que permite planear a corto, mediano y largo plazo con mayor claridad. Cuando el territorio se mide adecuadamente, la asignación de recursos puede responder a criterios técnicos y no solo políticos. Se facilita la coordinación entre niveles de gobierno y se orienta la infraestructura hacia donde realmente se necesita.
No obstante, el desafío actual es actualizar y simplificar la estrategia sin perder su rigor técnico. Las dinámicas del siglo XXI —cambio climático, transición energética, digitalización, movilidad interregional— exigen adaptar aquella base metodológica de 1976 a nuevas realidades. La unidad de medida territorial debe incorporar variables ambientales, resiliencia climática, conectividad logística y competitividad económica, sin abandonar el principio de equilibrio armónico e integral.
En un país conformado por 32 entidades federativas, cada una con realidades propias, la experiencia coahuilense ofrece una lección relevante: no se puede gobernar lo que no se mide. Y no se puede planear lo que no se entiende en su escala correcta.
La planeación territorial equilibrada y armónica no es un lujo técnico; es una condición para el bienestar y la seguridad de las familias. Si la unidad de medida del territorio se mantiene como eje rector de la política pública, Coahuila podrá seguir construyendo un modelo de desarrollo ordenado y sustentable. Si se descuida, el crecimiento volverá a imponerse sobre la planificación.
El territorio, finalmente, es la base material de toda política pública. Medirlo con precisión y gobernarlo con visión estratégica es el primer paso para asegurar un futuro equilibrado y próspero.
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