Irene Galindo Román
Por una ciudad que venda sol a los turistas y seguridad hídrica a su gente
Los Cabos volvió a inundarse. “Lorena” pasó de huracán a tormenta tropical, pero dejó (otra vez) vados cerrados, calles que se vuelven arroyos y colonias en alerta. El propio Servicio Meteorológico Nacional advirtió lluvias torrenciales (150–250 mm) y oleaje elevado para Baja California Sur; el sistema se mantiene paralelo a la costa y seguirá descargando agua sobre el municipio. No es mala suerte: es mala planeación con pronóstico repetido.
Realidad: construimos contra la naturaleza. Urbanizamos cauces, impermeabilizamos barrios completos, subdimensionamos drenaje pluvial y seguimos tramitando permisos sin una consulta vinculante al Atlas de Riesgo. El agua simplemente recupera su derecho de vía y nos cobra peaje en daños, cierres y pérdidas.
Ahora bien, la lluvia no explica sola el desastre; la gentrificación pone el acelerador. Los Cabos vive un boom turístico sostenido: ocupaciones arriba del 80% en temporada alta y tarifas récord, según los reportes del Fideicomiso de Turismo (FITURCA). La economía local agradece la derrama; el mercado inmobiliario, todavía más. ¿El costo? Renta y suelo por las nubes, y trabajadores que ya no pueden vivir cerca de su empleo.
El patrón está estudiado: cuando el turismo de alto poder adquisitivo empuja la demanda de vivienda (y una fracción creciente se destina a alquiler temporal) los precios suben, el mercado residencial se reduce y la población local se desplaza. La literatura lo llama “gentrificación turística”. En Los Cabos, ese desplazamiento se traduce en asentamientos irregulares en laderas y cauces, justo donde el riesgo hídrico es mayor; hace unos meses se reportó que más de 40 mil personas habitan en zonas de riesgo en el municipio. La ecuación es perversa: salarios locales, rentas globales, y la lluvia como auditor implacable.
Los datos de fondo confirman la presión: Los Cabos creció aceleradamente en población durante la última década, concentra la mayor parte de la afluencia turística estatal y refleja brechas de ingreso asociadas al modelo de servicios. Cuando no hay oferta suficiente y asequible cerca de los centros de trabajo, las familias terminan más lejos, más caro… o más expuestas.
El Atlas existe, pero no “manda”
Herramientas hay. El municipio cuenta con un Atlas de Riesgos (con base 2014 y visor público) y el estado publicó en 2024 un Atlas Estatal de Riesgo robusto. Pero siguen tratándose como PDFs o visores “bonitos”, no como un semáforo vinculante que decida dónde sí y dónde no construir, pavimentar o densificar. Si el Atlas no detiene un permiso, se vuelve un adorno caro.
Seis decisiones que pueden empezar mañana
Atlas de Riesgo vivo (y obligatorio). Unificar en un visor municipal único las capas de microcuencas, fajas de protección de arroyos, zonas de anegamiento histórico y taludes críticos; integrarlo por API a la ventanilla de licencias: sin dictamen de riesgo, no hay permiso. Actualización estacional con las láminas de lluvia observadas y reporte ciudadano georreferenciado.
Derecho de vía hidráulico y moratoria selectiva. Retiros obligatorios en arroyos activos y suspensión de nuevos aprovechamientos en polígonos de alto riesgo. Regularizaciones solo con medidas compensatorias (cesiones para infraestructura verde-azul y estabilización de taludes).
Plan pluvial de 180 días, con metas públicas. Desazolve preventivo, bocas de tormenta con rejilla antisólidos, zanjas de infiltración en vialidades colectoras, banquetas permeables, pozos de absorción en puntos negros y diques rompeflujo en arroyos erosivos. Meta verificable: reducir 30% los encharcamientos >15 cm en 10 intersecciones críticas antes de la próxima temporada.
Vivienda asequible cerca del empleo. Reservar suelo bien localizado para vivienda de alquiler social y cooperativa; alinear incentivos a desarrolladores que entreguen unidades accesibles cerca de corredores laborales (hotelero, construcción, servicios). La Nueva Agenda Urbana no lo dice por poesía: sin vivienda asequible en zonas bien conectadas, la ciudad expulsa; y cuando expulsa, expone.
Regular el alquiler de corta estancia. Registro obligatorio, límites por zona y contribución específica al fondo pluvial y de vivienda. No se trata de demonizar plataformas, sino de equilibrar mercados donde la vivienda dejó de ser hogar para convertirse en activo financiero. La discusión ya está en la agenda nacional; Los Cabos debe aterrizarla con datos y mapas de riesgo.
Finanzas que cierran el ciclo del agua. Crear una cuota pluvial indexada al área impermeable de cada predio, con descuentos por mitigación (techos y patios infiltrantes, cisternas pluviales, jardines de lluvia). Los grandes generadores de escurrimiento pagan más; quienes desimpermeabilizan pagan menos.
La lluvia no trae la crisis: la revela. “Lorena” nos recuerda que la ciudad turística y la ciudad habitable no son objetivos opuestos, salvo cuando dejamos que la primera se coma a la segunda. Gentrificación sin reglas significa trabajadores viviendo en laderas y cauces; y cuando el cielo se abre, la desigualdad se hace corriente. Los Cabos puede (y debe) presumir ocupaciones y derrama con el mismo orgullo con el que presume un Atlas de Riesgo que manda, vivienda asequible bien ubicada y calles que, incluso bajo tormenta, siguen siendo calles. Ese es el estándar de un destino de clase mundial.
Referencias
SMN–Conagua, avisos 3 y 4 de septiembre de 2025 (trayectoria de “Lorena”, lluvias torrenciales en BCS). (Gobierno de México)
Cobertura nacional sobre la degradación de “Lorena” a tormenta tropical. (El País, La Jornada)
Atlas de Riesgos de Los Cabos (visor municipal) y Atlas Estatal de Riesgo BCS 2024. (implanloscabos.mx, atlasriesgo.uabcs.mx)
Turismo y desigualdad en Los Cabos (evidencia académica). (SciELO México) Observatorio turístico de Los Cabos (ocupación y tarifas). (FITURCA)
Es Presidenta de la Representación Estatal de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Baja California Sur
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