Por Isabel García González
La movilidad urbana es una de las necesidades más elementales y, al mismo tiempo, uno de los mayores retos de las ciudades mexicanas. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX), el transporte público constituye un ámbito estratégico para la funcionalidad urbana, particularmente por la alta demanda derivada de la concentración poblacional y la expansión hacia zonas periféricas y suburbanas. Como señala Trejo (2020), este sistema es clave para el funcionamiento cotidiano de la metrópoli, pero también uno de sus puntos más frágiles.
Dentro de este entramado, el transporte público concesionado —autobuses, microbuses y, especialmente, combis— sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda pública. Se trata del sistema menos eficiente, menos seguro y más contaminante, con impactos directos no sólo en los usuarios, sino en la calidad de vida urbana en su conjunto (Trejo, 2020).
Miles de personas en la ZMCDMX enfrentan diariamente un sistema de transporte ineficiente, inseguro y poco digno para trasladarse a sus actividades laborales, educativas, de salud o esparcimiento. Lo que en su origen se concibió como una solución de movilidad para acceder a colonias con escaso desarrollo urbano terminó convirtiéndose en un sistema caótico que evidencia los límites de la planeación urbana tradicional y la ausencia de una visión integral de ciudad. La combi, hoy, es el síntoma más visible de ese fracaso.
Las particularidades de este tipo de transporte —su diseño interior, la disposición del mobiliario, los colores, la iluminación y el llamado “embellecimiento” ambiental— hacen de cada trayecto una experiencia singular, aunque rara vez confortable o segura. Como advierte Peña (2025), la necesidad obliga al usuario a adaptarse a condiciones donde ni la seguridad ni la comodidad son prioridad.
Diseñadas originalmente para transportar a ocho pasajeros, muchas combis han sido modificadas para trasladar “sentadas” a más de 17 personas, bajo un imaginario irreal en el que el usuario promedio pareciera ser talla cinco. Estas adaptaciones carecen por completo de criterios básicos de ergonomía y proxemia, como documenta Vázquez (2022), y generan condiciones físicas y emocionales adversas para quienes dependen cotidianamente de este medio de transporte.
Cada viaje se convierte así en una prueba de resistencia: cuellos torcidos, coxis doloridos por asientos improvisados, columnas castigadas por frenados bruscos y oídos sometidos a niveles elevados de ruido. Mediciones realizadas con la aplicación Hubbub, del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana, han registrado niveles superiores a los 60 decibeles al interior de estos vehículos. Cuando el trayecto supera una hora, la experiencia roza el suplicio. El resultado es que el usuario llega a su destino con una carga de estrés que merma su rendimiento, su salud y su bienestar antes incluso de iniciar sus actividades.
La incomodidad no se limita a la cercanía involuntaria derivada del reducido espacio. El sobrecupo —con pasajeros de pie, cargando mochilas, bolsas o cajas— intensifica las tensiones. Las interacciones se transforman en una disputa constante por cada centímetro disponible, una auténtica “lucha por la igualdad espacial”, como la define Vázquez (2022).
A estas condiciones se suma un contexto de inseguridad, violencia y acoso que convierte el traslado cotidiano en una experiencia no sólo incómoda, sino riesgosa. Al multiplicar estas vivencias por los miles de usuarios diarios, el problema adquiere una dimensión claramente pública. Los tiempos prolongados de traslado reducen el tiempo libre, deterioran la salud física y emocional y afectan directamente la calidad de vida de la población (Peña, 2025; Vázquez, 2022).
Todo ello es consecuencia de décadas de planeación urbana que privilegiaron el uso del automóvil y relegaron las necesidades reales de la mayoría de la población. La ausencia de un enfoque centrado en el usuario y en la movilidad sustentable ha consolidado un sistema de transporte público fragmentado, ineficiente y socialmente injusto.
En los últimos años, la ZMCDMX ha sido prácticamente invadida por combis que incrementan la contaminación, saturan las vialidades y ofrecen un servicio de baja capacidad, incómodo e inseguro. Esta realidad exige una transformación profunda, tanto técnica como política. No se trata sólo de modernizar vehículos, sino de replantear el modelo de movilidad urbana con visión metropolitana, criterios de dignidad y un enfoque claro en el bienestar de las personas.
Lograrlo requiere voluntad y carácter gubernamental, pero también representa una oportunidad tangible para mejorar la vida cotidiana de millones de habitantes. Un transporte público digno no es un privilegio: es una condición básica para una ciudad más justa, eficiente y humana.
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