Por Juan L. Kaye López
El Programa de Infraestructura Federal para 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de noviembre, confirma una realidad incómoda: la inversión pública dejó de ser una prioridad estratégica del Estado mexicano.
Para el próximo ejercicio fiscal se destinarán 536 mil 806 millones de pesos a programas y proyectos considerados “prioritarios”. La cifra, aunque elevada en términos absolutos, representa menos del 10% del gasto federal total y apenas 2.5% del PIB. Basta un dato para dimensionar el retroceso: en 2014, la inversión en infraestructura alcanzaba 4.5% del PIB. Hoy estamos dos puntos por debajo de ese máximo, en un país con mayores rezagos y necesidades.
La señal es clara. México invierte cada vez menos en la infraestructura que sostiene el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión social. Y lo hace, además, en un contexto de transformación tecnológica acelerada, donde la infraestructura no solo genera empleo y productividad, sino que define el acceso a educación, salud, movilidad y servicios básicos.
Las cifras recientes refuerzan esta tendencia. Entre enero y agosto de 2025, la inversión en obra pública cayó 35.4% anual, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. No se trata de un ajuste coyuntural, sino de una decisión presupuestal estructural.
Pero el problema no es solo cuánto se invierte, sino dónde.
La inversión física por habitante para 2026 exhibe brechas territoriales profundas. Tabasco encabezará la lista con más de 56 mil pesos por persona, seguido por Campeche con 53 mil. Sin embargo, este aparente privilegio se explica en gran medida por la concentración de recursos vinculados a Pemex. Al descontarlos, la inversión real en esas entidades cae a niveles cercanos a 2,500 o 3,000 pesos por habitante.
La Ciudad de México, con alrededor de 23 mil pesos por persona, se mantiene como la entidad mejor posicionada en términos de recursos federales, mientras que estados como Coahuila, Sinaloa y Aguascalientes recibirán apenas 2 mil pesos por habitante, casi 20 mil pesos menos que la capital.
No es una diferencia menor. Es la distancia entre contar o no con hospitales, escuelas, carreteras, transporte público, redes de agua potable y saneamiento. Es la brecha entre territorios que se modernizan y otros que se rezagan.
El patrón sectorial tampoco ayuda. Más del 80% de la inversión se concentra en energía, vivienda y transporte, con un peso dominante de proyectos emblemáticos. Solo el rubro ferroviario absorberá más de 104 mil millones de pesos, incluyendo 30 mil millones adicionales para el Tren Maya, una obra que inició con un presupuesto de 120 mil millones y ya supera los 500 mil millones, con una desviación superior al 200% y una operación dependiente de subsidios.
Mientras tanto, sectores críticos como el agua enfrentan recortes históricos. La Comisión Nacional del Agua contará en 2026 con 20 mil millones de pesos, menos de la cuarta parte de lo que recibió en 2017. El resultado es visible: fugas, redes colapsadas, contaminación de acuíferos y ausencia de inversión en tratamiento de aguas residuales.
El presupuesto de infraestructura 2026 deja un mensaje inequívoco: concentra recursos en el sureste, depende de megaproyectos y abandona la infraestructura básica que equilibra el territorio.
Cuando la infraestructura deja de ser política de Estado, el desarrollo se vuelve selectivo. Y cuando el desarrollo se vuelve selectivo, la desigualdad territorial deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia presupuestal.
México no enfrenta solo un problema de monto, sino de visión. Invertir menos y hacerlo de forma desigual tiene un costo que no aparece en las tablas presupuestales, pero sí en la vida cotidiana de millones de personas.