Por Juan L. Kaye López
El domingo 8 de febrero, a las 15:42 horas, la alerta sísmica volvió a irrumpir en la cotidianidad de millones de capitalinos. El epicentro se localizó en Puerto Escondido, Oaxaca, con una magnitud de 5.7 grados. No hubo daños mayores, pero cada alarma activa una memoria colectiva que no termina de cerrarse. La Ciudad de México vive con una amenaza permanente bajo sus pies, y sin embargo, el verdadero problema podría no ser únicamente el movimiento telúrico, sino nuestra capacidad —o incapacidad— para enfrentarlo.
A casi nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la reconstrucción todavía no concluye por completo. Al 30 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México reporta un avance del 92% en la entrega de viviendas del Programa de Reconstrucción: 20,295 hogares entregados de un total de 22,097. Permanecen pendientes alrededor de 1,800 viviendas, con la meta de concluir en el primer semestre de 2026. La cifra parece alentadora hasta que recordamos el tiempo transcurrido y el volumen de recursos invertidos. Entre 2019 y diciembre de 2025 se han destinado 12,400 millones de pesos; desde finales de 2024 se agregaron 11,500 millones adicionales, para alcanzar una inversión acumulada proyectada de 14,400 millones de pesos hacia mediados de 2026.
Oaxaca concluyó su programa federal en 2024 con 22,247 acciones ejecutadas y una inversión de 8,751 millones de pesos. En Morelos, aunque el programa cerró formalmente, aún existen 63 familias sin vivienda y 250 escrituras pendientes por problemas jurídicos. La reconstrucción en México no solo ha sido costosa; ha sido lenta, compleja y financieramente exigente.
El análisis publicado por El Economista en enero de 2026, con información del Instituto de Geografía de la UNAM y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, advierte que el país cuenta con una cobertura de seguro ante catástrofes de 5,400 millones de pesos, además de bonos catastróficos por 595 millones de dólares. La cifra puede parecer considerable, pero frente a un escenario real resulta claramente insuficiente. Tan solo la reconstrucción de la Ciudad de México ante un evento de magnitud similar al de 2017 podría requerir entre 18,000 y 22,000 millones de pesos. El Instituto de Geografía fue contundente: el costo de recuperación no se medirá en millones, sino en puntos del PIB.
Aquí emerge la dimensión menos visible del riesgo sísmico: la fragilidad financiera. Si el evento ocurriera mañana, la brecha estimada superaría los 12,000 millones de pesos. No hablamos de una cifra abstracta; hablamos de recursos públicos que tendrían que reasignarse, de deuda, de recortes presupuestales, de impacto directo en servicios, infraestructura y programas sociales.
Pero la amenaza no se limita a las finanzas públicas. Es también estructural y urbana. En la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor densidad y valor patrimonial de la capital, el 70% de las edificaciones fue construido antes de 1985. Son inmuebles que preceden al parteaguas normativo que transformó los reglamentos de construcción tras aquel terremoto histórico. Muchas de esas estructuras han superado con creces su vida útil y han acumulado décadas de fatiga sísmica.
Mientras tanto, el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio entre 80 y 90 sismos diarios a nivel nacional, y en la capital se registraron 93 microsismos tanto en 2023 como en 2024, frente a los 26 contabilizados en 2022. No todos se perciben, pero todos ejercen presión estructural. Cada vibración es una carga acumulada sobre edificios envejecidos y sobre una ciudad asentada en un suelo lacustre altamente vulnerable.
La ecuación es clara y preocupante: una ciudad densa, con un parque inmobiliario antiguo, asentada en condiciones geológicas complejas y respaldada por una cobertura financiera limitada. Sin embargo, la discusión pública suele activarse solo después de la tragedia.
Diversos estudios señalan que por cada peso invertido en prevención pueden ahorrarse hasta quince en reconstrucción. Ciudades como Nueva Delhi y Beijing han optado por programas masivos de reforzamiento estructural, asumiendo que la prevención es una inversión estratégica y no un gasto superfluo. En México, una política integral de reforzamiento estructural sigue sin consolidarse como eje central de la planeación urbana.
Hoy se abre una ventana de oportunidad. Está por discutirse el nuevo Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Plan General de Ordenamiento Territorial. Estos instrumentos no pueden limitarse a ordenar usos de suelo o definir densidades; deben integrar la gestión del riesgo como componente estructural de la política urbana y presupuestal. La secretaria Myriam Urzúa ha señalado que debemos abandonar la idea de que la gestión del riesgo es solo para la emergencia y entender que su núcleo está en la prevención.
La resiliencia no es un discurso técnico ni una palabra de moda. Es una decisión política que implica destinar recursos, rediseñar incentivos y priorizar el reforzamiento estructural antes de que el próximo sismo nos obligue a actuar bajo presión.
La Ciudad de México seguirá temblando. Eso es inevitable. Lo que sí está en nuestras manos es decidir si también seguirán temblando nuestras finanzas y nuestra capacidad institucional. El verdadero desafío no es anticipar el próximo movimiento telúrico; es evitar que, cuando llegue, vuelva a exhibir nuestra fragilidad urbana y presupuestal.
Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas
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