Por Raúl Villalobos Salas
A más de cincuenta años de que México iniciara un esfuerzo institucional serio para ordenar el crecimiento de sus ciudades, las colonias populares continúan siendo el rostro más evidente de una deuda histórica en materia de planeación urbana, justicia territorial y derechos humanos. En la segunda década del siglo XXI, amplios sectores de la población urbana sobreviven en condiciones que no difieren sustancialmente de las observadas a finales del siglo pasado: carencia de infraestructura básica, servicios urbanos incompletos y una débil integración económica y social con el resto de la ciudad.
En la mayoría de las ciudades mexicanas, estas colonias se ubican en la periferia física y simbólica del desarrollo urbano. En los planes y programas de desarrollo urbano, suelos clasificados como habitacional popular o de baja densidad suelen quedar sujetos a regulaciones restrictivas, mientras que los sectores medios y residenciales concentran inversiones, equipamiento y oportunidades. Esta diferenciación normativa ha reforzado una percepción estructural de desigualdad que se refleja directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
Planeación sin justicia territorial
El origen de esta problemática no es reciente. En 1976, el Estado mexicano dio un paso decisivo al promulgar la Ley General de Asentamientos Humanos, acompañada del Primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, impulsados desde la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), encabezada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y con el respaldo técnico de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Aquel momento histórico sentó las bases de una planeación territorial moderna, con fuerte énfasis en la función social del suelo, la regulación del crecimiento urbano y la provisión de infraestructura. Planes directores, programas parciales y proyectos urbanos integrales se desarrollaron en distintas regiones del país con la participación de planificadores mexicanos reconocidos nacional e internacionalmente, muchos de los cuales continúan hoy defendiendo una visión de ciudad con sentido social.
Sin embargo, con el paso de las décadas, la especulación del suelo, la fragmentación institucional y la pérdida de continuidad en las políticas públicas debilitaron ese enfoque. La planeación participativa fue sustituida, en muchos casos, por decisiones coyunturales, intereses creados y una gobernanza urbana incapaz de responder con equidad al crecimiento demográfico acelerado.
Eventos recientes, como la pandemia de COVID-19 en 2020, evidenciaron de manera dramática estas carencias. Las colonias populares enfrentaron mayores dificultades de acceso a servicios de salud, movilidad, empleo y espacios públicos, mientras que la crisis ambiental —escasez de agua, degradación del suelo y aumento de riesgos— profundizó su vulnerabilidad.
Consideraciones conceptuales para un nuevo enfoque regulatorio
Frente a este escenario, resulta impostergable replantear el enfoque de regulación de los asentamientos humanos en colonias populares a partir de principios claros y operativos:
- Contener la especulación del suelo urbano, particularmente en contextos donde la ausencia de reservas territoriales ha dejado el crecimiento de la ciudad en manos de intereses privados de corto plazo.
- Reorientar la planeación hacia el entorno urbano y suburbano consolidado, identificando polígonos integrales de aprovechamiento que optimicen la infraestructura y superestructura existentes.
- Aprovechar y ampliar la infraestructura instalada, por limitada que sea, mediante procesos graduales de mejoramiento urbano, regularización y densificación equilibrada.
- Recuperar las experiencias institucionales del pasado, utilizando los diagnósticos y aprendizajes acumulados como base para nuevas estrategias de actuación territorial.
- Incorporar el enfoque de proximidad urbana, evidenciado durante la pandemia, garantizando acceso cercano a los satisfactores básicos: movilidad, seguridad, educación, salud y empleo.
Conclusión
Regular los asentamientos humanos en las colonias populares no debe entenderse como un ejercicio restrictivo, sino como un acto de integración urbana y justicia social. La planeación territorial en México cuenta con antecedentes sólidos, instituciones con experiencia y capital humano capacitado. Lo que hoy se requiere es voluntad política, coherencia normativa y una visión de largo plazo que coloque a las colonias populares en el centro del proyecto de ciudad.
Solo así será posible transformar la regulación urbana en una herramienta efectiva para reducir desigualdades, fortalecer la cohesión social y garantizar el derecho a la ciudad para millones de mexicanas y mexicanos.
Arquitecto