Rosaura Ruiz Gutíerrez
En días recientes EL UNIVERSAL publicó una columna en la que se señala una supuesta injerencia, a través de mi persona, del gobierno federal en la elección de integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es importante afirmar, con toda claridad, que la UNAM es una institución autónoma, con órganos colegiados y procedimientos establecidos por su propia legislación. Ninguna instancia de este gobierno interviene en las decisiones del Consejo Universitario ni en la designación de integrantes de la Junta de Gobierno. La autonomía universitaria es un principio constitucional y un patrimonio histórico de la vida pública mexicana.
Las personas que participan lo hacen a título personal en función de sus méritos. Descalificar a una persona por su parentesco familiar implica negar su trayectoria y su independencia profesional. En la universidad, los méritos se evalúan por la obra y la contribución académica, no por los vínculos personales.
He dedicado mi vida académica a la UNAM. Fui secretaria de desarrollo institucional, dirigí una de sus facultades y he formado parte de sus órganos colegiados. Desde muy joven participé en movimientos en defensa de la autonomía universitaria y de la gratuidad de la educación pública. Mi convicción ha sido siempre la misma: la universidad debe ser libre, crítica y autónoma frente a cualquier poder.
Por otro lado, el Sistema Nacional de Investigadores opera bajo reglas públicas, evaluaciones colegiadas y procedimientos transparentes. Sus decisiones tampoco dependen de voluntades personales, ni pueden utilizarse como instrumento de presión. Sugerir lo contrario implica descalificar injustamente a las académicas y académicos que participan en sus comisiones dictaminadoras con rigor y ética.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación mantiene con la UNAM y con todas las universidades públicas del país una relación institucional basada en el respeto, la colaboración y la corresponsabilidad.
México necesita universidades fuertes, críticas y libres. El Estado mexicano tiene la obligación de respetarlas, al tiempo que tiene que colaborar con ellas para fortalecer la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país.