Por CRISTIAN GONZÁLEZ CABRERA
En 2023 conocí a Karla, una mujer trans de Villahermosa que tiene 52 años. Aunque se graduó con honores en enfermería, nunca ha podido encontrar un trabajo estable. En 2020 aprobó todos los exámenes para un puesto en un hospital público de Tabasco. Pero, cuando fue a firmar su contrato, la jefa de enfermería le dijo que había un “problema” tras revisar sus documentos: “Tu imagen es de mujer pero tienes nombre de hombre. Hay una discordancia”. El hospital contrató a alguien más.
La historia de Karla no es un caso aislado. En todo México, las personas trans enfrentan obstáculos diarios porque sus documentos de identidad no reflejan quiénes son. Estas discrepancias no son meros inconvenientes burocráticos. Pueden impedir el acceso al empleo, la educación y la atención médica, además de vulnerar su dignidad.
Hoy, el mundo celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una ocasión para reconocer tanto la resiliencia de las personas trans como las barreras que enfrentan. Para México, este momento significa elegir entre perpetuar la desigualdad o garantizar el reconocimiento igualitario ante la ley. Esta no es solo una cuestión de derechos humanos, sino de soberanía.
Los estados del país tienen la autoridad para determinar su legislación en cuestiones civiles y de registro. En los últimos años, 23 de ellos han aprobado leyes que permiten a las personas modificar su género en los documentos oficiales, y la Suprema Corte ha reafirmado los principios de igualdad y dignidad que respaldan dicho reconocimiento.
Pero el progreso sigue siendo desigual. En algunas entidades de la república, el proceso es administrativo y accesible. En otras, las personas trans deben acudir a los tribunales en juicios largos, costosos e inaccesibles. Sin embargo, los derechos no deberían depender del lugar donde uno vive. La diversidad en las políticas no debe generar desigualdad.
Para Karla, en Tabasco, donde no existe legislación sobre identidad de género, esa fragmentación ha tenido consecuencias reales. El sistema reconoce sus credenciales en el papel, pero no su identidad en la práctica.
Garantizar la igualdad de derechos en todos los estados no supone una desviación del sistema federal de México. Es una responsabilidad fundamental de un Estado soberano comprometido con su Constitución. Armonizar el reconocimiento legal de género es una cuestión de integridad constitucional.
Al mismo tiempo, este debate no sucede de forma aislada. En los últimos años, los mensajes y estrategias “anti derechos”, que han cobrado protagonismo en Estados Unidos, han permeado y polarizado cada vez más la discusión pública sobre derechos humanos en México.
La preocupación no es el debate abierto, una característica de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, este intercambio de ideas no debería llevar a las autoridades mexicanas a incumplir sus compromisos constitucionales y sus obligaciones hacia personas como Karla.
Estados Unidos ofrece una lección sobre cómo las narrativas intolerantes pueden traducirse en políticas. A manos del gobierno de Trump, las personas trans han enfrentado una ola sin precedentes de ataques legales y políticos. Las autoridades han buscado restringir su acceso a la atención médica, limitar su reconocimiento en la educación y recortar sus protecciones básicas. Esto ha tenido consecuencias profundas en la vida de las personas y ha provocado una reacción global.
Pero México no tiene que seguir ese camino. Cuenta con tradiciones jurídicas, una historia de ampliación de derechos y una constitución propia. Defender esos principios significa garantizar que los compromisos constitucionales de México con la igualdad y la dignidad se traduzcan en la práctica.
La realidad del país sigue estando lejos de ser ideal. Las personas trans se enfrentan a altos niveles de violencia, discriminación y exclusión. El reconocimiento legal por sí solo no resolverá estos desafíos. Pero, sin él, muchas personas permanecerán privadas de derechos y oportunidades básicas.
Por eso la armonización es importante. Garantizar que todas las personas trans en México puedan obtener documentos de identidad que reflejen quiénes son no es un gesto simbólico. Es una necesidad práctica. Sin documentos precisos, personas como Karla son excluidas de las profesiones para las que están capacitadas, obligadas a aceptar empleos precarios o marginadas por completo.
El camino es claro. Todos los estados deben trabajar para lograr un marco coherente a nivel nacional que garantice procedimientos administrativos accesibles para el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación. Dichas reformas no crearían nuevos derechos, sino garantizarían que las protecciones constitucionales existentes se apliquen por igual en todo el país.
Mientras los derechos humanos en el mundo sufren retrocesos, México puede elegir su propio camino, basado en sus principios constitucionales y compromisos democráticos.
Para Karla, y para miles como ella, esto marca la diferencia entre ser reconocida o excluida. “Necesito trabajar. Solo quiero contribuir, sentirme útil en la sociedad”, me dijo.
La soberanía no debería aislar a un país de las ideas, sino garantizar que las promesas de la Constitución se cumplan para todos en cualquier lugar.
Cristian González Cabrera es investigador sénior sobre derechos LGBT en Human Rights Watch.