Por Gustavo Rivera
Primero, la raya. La única que no admite matices: la criminalización del periodismo nunca es aceptable y no debe tolerarse. Cuando un periodista es reprimido, procesado con delitos desproporcionados o encarcelado por su trabajo, se cruza una línea democrática. Punto. Lo ocurrido en Veracruz pertenece a esa categoría. Y conviene decirlo sin rodeos: esa raya también debe aplicar en estados gobernados por Morena. Los casos en Campeche y Puebla recuerdan que la libertad de prensa no puede depender del color del gobierno local.
Dicho eso, se ha instalado una conversación —en estas páginas y fuera de ellas—: la idea de que el poder ya no necesita censurar con tijeras; le bastaría con crear fricción, un clima, el silencio como técnica. Es una hipótesis sugerente, pero para discutir con seriedad la libertad de expresión conviene colocarla en un contexto más amplio: el reordenamiento del sistema de medios y del poder simbólico.
Durante décadas, los medios tradicionales fueron guardianes de la agenda: dueños de la conversación pública, árbitros de lo importante, custodios —a veces legítimos, a veces abusivos— de “la verdad” socialmente aceptada. Ese monopolio terminó. No lo mató un gobierno; lo transformaron la tecnología, el teléfono inteligente, el video en línea, los boletines por correo, los programas de audio y el modelo de negocio de la economía de la atención. Hoy la agenda ya no la define una sola redacción: la disputan miles de voces.
Aquí está el punto que suele enredar el debate: perder el monopolio de la agenda no es lo mismo que ser censurado. En parte, es democratización: por fin el micrófono no depende solo de un edificio, una concesión o un consejo editorial. En ese cambio hay algo sano: más pluralidad, más competencia, más posibilidad de que una historia nazca desde fuera y obligue a reaccionar a todos —incluidos los medios tradicionales—. Parte de la tensión proviene del fin de un modelo donde ciertos medios y periodistas operaban como intermediarios privilegiados del poder. No todo desplazamiento equivale a silenciamiento; a veces es la pérdida de una centralidad histórica sobrerrepresentada.
Eso no implica desestimar los casos concretos ni las señales de alarma. Cuando periodistas denuncian presiones indirectas, exclusiones sistemáticas o salidas del aire asociadas a su línea editorial, esas afirmaciones no deben minimizarse ni despacharse con explicaciones abstractas. Deben investigarse, aclararse y discutirse públicamente. La libertad de expresión no se protege negando los conflictos, sino exponiéndolos con hechos y responsabilidades claras.
Para entender mejor el momento conviene separar planos que hoy se mezclan. Por un lado, está la persecución y violencia real contra periodistas: amenazas, agresiones y uso del aparato penal para intimidar. Por otro, están las decisiones editoriales y empresariales de los propios medios, que no siempre se explican únicamente en clave política. Muchas salidas del aire, cambios de programas o giros de línea responden también a la economía política del periodismo: fragilidad financiera, dependencia de concesiones, publicidad y audiencias fragmentadas. El problema también es un modelo agotado.
En este nuevo ecosistema, México no es la excepción. Han surgido medios y voces de periodismo independiente que investigan, documentan, explican, corrigen en público y construyen comunidad. Eso es una buena noticia: lo que antes era marginal hoy puede ser central y, cuando viene acompañado de método, fortalece el debate democrático.
El costo, sin embargo, es evidente: se pulverizan estándares al mismo tiempo que se erosiona la autoridad. Y en ese entorno el poder —cualquier poder— descubrió una ventaja: no siempre necesita prohibir; le basta con administrar costos. No clausura; diluye. No siempre impide hablar; debate, satura y compite por la atención. La censura contemporánea, cuando existe, rara vez busca callar a todos: suele operar de forma selectiva, administrando visibilidad y relevancia en un espacio saturado.
Sería un error, además, dejar fuera al actor estructural del presente: las plataformas digitales. Ahí se concentra hoy una parte decisiva del riesgo para la libertad de expresión, no porque “censuren” por ideología, sino porque la amplificación se compra. Con dinero se empuja una narrativa, se hunde un tema, se acosa a una persona o se vuelve irrelevante a un medio. La conversación pública ocurre en infraestructuras privadas concentradas y manipulables, con algoritmos que premian lo más rentable, no lo más verdadero.
Conviene entender el contraste histórico sin idealizaciones. Entre 2000 y 2018, buena parte del control editorial se construyó mediante publicidad oficial: el gobierno pagaba y muchos medios, a cambio, acomodaban líneas. Hoy la pauta ya no es tan cuantiosa como antes, pero sigue siendo discrecional; tendría que dejar de serlo, apostando a pluralidad y diversidad de medios, incluidos los independientes. Al mismo tiempo, ese mecanismo perdió centralidad: la presión llega también por el mercado, por la amplificación pagada y por el algoritmo. La aduana cambió de manos.
La nostalgia por el viejo monopolio es comprensible, pero no es un programa. El futuro del periodismo no es recuperar la pauta como palanca, sino ganar credibilidad en un mundo sin aduanas. Y la pregunta incómoda queda abierta: ¿puede haber libertad de prensa cuando la conversación pública depende de dinero, plataformas y fragilidad económica, y cuando el poder político decide cómo y con quién interactúa? La respuesta no depende solo del gobierno en turno, sino también de la capacidad del propio periodismo para repensarse en un entorno donde ya no tiene el monopolio de la agenda ni la garantía automática de legitimidad.
Doctor en ciencia política