Por José Manuel Arias
El concepto de economía circular no es nuevo. Algunos expertos la definen como la propuesta que busca utilizar menos recursos y generar menos residuos. En México se está buscando tropicalizar la propuesta económica maquillándola de verde mediante una Ley General de Economía Circular que fue aprobada en fast track en la Cámara de Diputados para luego pasarla a la Cámara de Senadores.
En el proceso se está aplicando la misma receta utilizada que en las recién aprobadas leyes de aguas. Un equipo redactor que consensa con el sector privado, que logra el apoyo de la titular del Ejecutivo, por la que no hay poder humano que detenga la iniciativa de ley.
En el caso de la Ley General de Economía Circular, ésta fue redactada por el equipo jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) logrando el aval de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque de fondo promueve la generación de residuos y busca gestionarlos mediante el uso de tecnologías cuestionables y obsoletas como es la incineración, el coprocesamiento y la valorización energética, sumados a una mutilada responsabilidad extendida al productor.
Sin embargo, la iniciativa que fue aplaudida por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), va más allá y busca otorgar premios a las empresas que se sumen a realizar estas actividades, que en algunos casos podrían tener preferencia en las licitaciones públicas.
Por otro lado, en nada se ocupa de reducir la generación de residuos; prueba de ello es que a pesar de que la titular de la Semarnat está enterada del amparo ganado por las organizaciones civiles Acción Ecológica, El Poder del Consumidor y Greenpeace México, con el acompañamiento de la Asociación Ecológica Santo Tomas, Fronteras Comunes y NEB, en la que un juzgado solicita al Congreso de la Unión realice los trabajos legislativos necesarios para prohibir los plásticos de un solo uso en nuestro país, ni una ni otra Cámara han querido cumplir, y lejos de esto buscan aprobar leyes que las continúan generando. Esta nueva ley es el ejemplo vivo.
Lo otro que hay que señalar es que esta ley busca convertirse en el banderazo de salida para legitimar otras acciones o iniciativas que el gobierno federal ya promueve a nivel nacional. Una de ellas, muy cuestionada por la imposición en que se ha convertido para las comunidades del estado de Hidalgo, donde busca asentarse, es el Parque de Economía Circular (PECH), que es una propuesta que se cocinó con grupos de poderes desde antes de que la administración de la Presidenta Sheinbaum asumiera. La propuesta fue presentada en público en septiembre del 2024 por la ahora titular de la Semarnat, Alicia Barcena en un foro universitario, por lo que a nadie le sorprendió que la idea la retomara la Presidenta durante su unción y posteriormente apareciera como parte de los Polos de Desarrollo. Ante el rechazo de la población donde se construirá el PECH, Alicia Bárcenas se dejó escuchar públicamente en toda su soberbia señalando a los habitantes del lugar que: “Si no quieren la obra, se lleva a otra parte … y ustedes se quedan como están”, en franca alusión a los impactos que vive la zona catalogada como de sacrificio.
La salida que ha buscado el oficialismo ante el rechazo popular del PECH es una supuesta consulta que se realizará a mediados de este mes y la maquinaria oficial se ha puesto a difundir los beneficios que traerá el proyecto a “una zona impactada por los gobiernos neoliberales”, como señalan los videos creados a propósito del evento.
Con esto confirmamos que la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular no fue el objetivo final, sino el inicio de otras actividades que poco beneficiarán a nuestro país o cuando menos no al pueblo que se dice querer y defender. La tropicalización de la Economía Circular no trae cosas nuevas, solo imposición, generación de residuos y tecnologías dañinas.
Director de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C./Colectiva México Tóxico.