Por Clarissa Veneroso
La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en cortes y tribunales ya no es una promesa futura, sino una realidad en expansión. En este contexto, la UNESCO publicó hace unos meses la “Guía para el uso de IA en cortes y tribunales”, un documento que no solo ofrece recomendaciones técnicas, sino que también lanza una advertencia clara: la tecnología puede fortalecer la justicia, pero también debilitarla si se adopta sin principios sólidos.
El punto de partida es contundente: la inteligencia artificial no reemplaza al juez. Puede procesar grandes volúmenes de información en segundos, identificar patrones y asistir en tareas complejas, pero carece de aquello que define a la justicia: la deliberación humana, el criterio y la sensibilidad frente a los derechos y la dignidad de las personas. Por ello, la sustanciación de los casos y la decisión final deben seguir siendo, sin excepción, responsabilidad humana.
La experiencia internacional confirma tanto el potencial como los riesgos. En Brasil, sistemas automatizados han permitido identificar con rapidez apelaciones que cumplen requisitos clave, optimizando la carga judicial. En Argentina, herramientas de IA han facilitado la comprensión de sentencias complejas al traducirlas a un lenguaje claro y accesible. Sin embargo, también hay señales de alerta: en países como Estados Unidos, Canadá y Australia se han documentado casos en los que sistemas generaron jurisprudencia inexistente, evidenciando los peligros de una confianza ciega en la tecnología.
Ante este escenario, la UNESCO plantea quince principios fundamentales que deben guiar la integración de la IA en la administración de justicia. Estos principios no son opcionales, sino condiciones mínimas para preservar el Estado de Derecho.
Entre ellos destacan: la protección de los derechos humanos; la proporcionalidad en el uso de la tecnología; la implementación de herramientas que aporten beneficios reales; la seguridad y la confidencialidad de la información judicial; y la necesidad de garantizar precisión y fiabilidad en los resultados.
Asimismo, se subraya la importancia de la explicabilidad de los sistemas, de modo que los jueces puedan comprender cómo se alcanzan las conclusiones; la auditabilidad y la transparencia frente a las partes; y la concienciación sobre sus alcances y limitaciones.
También se enfatiza la responsabilidad legal, la rendición de cuentas y la posibilidad de impugnar resultados; la supervisión humana permanente; el diseño centrado en las personas; y la colaboración institucional para establecer estándares éticos y técnicos compartidos.
La pregunta ya no es si la inteligencia artificial debe incorporarse a los tribunales, sino cómo hacerlo sin comprometer los principios que sostienen la justicia. La respuesta es clara: con límites definidos, con supervisión humana efectiva y con una ética que no sea negociable.
Porque, en el corazón de cualquier sistema judicial, no debe estar el algoritmo, sino los derechos de las personas.
Secretaria de estudio y cuenta del TEPJF