Por Gonzalo de la Rosa
El 2026 marca un punto de inflexión en la historia laboral de México. Por primera vez en casi un siglo, el Congreso decidió modificar de manera estructural la duración de la jornada semanal de trabajo, reduciéndola de 48 a 40 horas. Se trata de una reforma que no solo redefine la relación entre capital y trabajo, sino que coloca al país en una ruta de convergencia con estándares internacionales que desde hace décadas forman parte de economías desarrolladas y, más recientemente, de países latinoamericanos como Chile y Colombia.La reducción de la jornada laboral no surge en el vacío. Es el eslabón más reciente de una cadena de reformas que buscan dignificar el trabajo, elevar el bienestar de los trabajadores y equilibrar el tiempo productivo con el descanso. Desde el discurso oficial, el argumento ha sido claro: México era el único país del G20 que mantenía una jornada semanal de 48 horas, una anomalía difícil de sostener en un contexto global que privilegia la productividad, la salud laboral y la conciliación de la vida personal.No obstante, el cambio no estuvo exento de resistencias. El sector patronal advirtió desde el inicio sobre el impacto económico de la medida: mayores costos laborales, presiones operativas y riesgos en un entorno de desaceleración, desinversión y contracción económica. La respuesta legislativa fue optar por una implementación gradual, consciente de que una transición abrupta podría generar distorsiones profundas en sectores productivos clave.Así, la reforma se estructura en cuatro ejes centrales. El primero es la reducción progresiva de la jornada hasta llegar a las 40 horas en 2030. El segundo, una gradualidad clara entre 2026 y 2030: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas semanales. El tercero, la regulación estricta de las horas extraordinarias, estableciendo un límite de 12 horas semanales —con un máximo de cuatro horas diarias— y un tope adicional de cuatro horas pagadas al 200%. El cuarto eje incorpora ajustes administrativos, como el registro electrónico de jornadas y precisiones terminológicas para evitar ambigüedades legales.Este diseño gradual busca amortiguar el impacto económico y dar tiempo a las empresas para reconfigurar sus esquemas operativos. Sin embargo, el reto no es menor. Sectores que operan 24/7 deberán replantear turnos, ampliar plantillas o rediseñar procesos productivos. A ello se suma la necesidad de adecuar reglamentos interiores de trabajo, contratos individuales y colectivos, muchos de los cuales hoy contemplan jornadas rígidas que no se alinean con la nueva normativa.Desde el punto de vista legal y operativo, la reforma exige una revisión integral de la arquitectura laboral de las empresas. No se trata solo de reducir horas, sino de garantizar cumplimiento normativo frente a inspecciones, evitar sanciones y ofrecer certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. La transición, por tanto, demanda acompañamiento técnico, planeación estratégica y diálogo social.La meta política no es menor: que la jornada de 40 horas quede plenamente implementada en 2030, coincidiendo con el cierre del sexenio de Claudia Sheinbaum. Si el proceso se gestiona con inteligencia y corresponsabilidad, la reforma puede convertirse en un catalizador de productividad, reducción del ausentismo y mejora del clima laboral. De lo contrario, el riesgo es que una medida histórica termine percibiéndose como una carga más en un entorno económico ya de por sí complejo.La reducción de la jornada laboral ya es una realidad. Ahora, el desafío será convertirla en una oportunidad y no en un obstáculo para el desarrollo del país.
Experto en Derecho Laboral de Santamarina + Steta