Por EDY KAUFMAN
Este es un mensaje desde la cima del Monte Carmel, en la hermosa bahía mediterránea de Haifa. Esta capital del norte de Israel es una bella ciudad compartida por árabes y judíos, que coexisten en un crisol de religiones y denominaciones.
Ayer fue 29 de noviembre 2025, fecha en la que, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181, recomendando la partición de Palestina en dos Estados —uno judío y otro árabe— y estableciendo que Jerusalén quedara bajo control internacional. Desde el fin del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, ese territorio había sido administrado por el Reino Unido como Mandato de la Liga de las Naciones. El voto de 1947 —sin duda influido por la recién terminada Segunda Guerra Mundial y por el Holocausto— fue de 33 países a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La comunidad judía en la Tierra Santa celebró esta decisión que legitimaba su independencia, mientras que los países árabes la rechazaron y la calificaron como una Nakba [catástrofe], iniciando una guerra que culminó en 1949 con armisticios entre el nuevo Estado, llamado Israel, y sus vecinos.
Desde entonces, la región ha sufrido ciclos sucesivos de guerras y conflictos —1948, 1956, 1967, 1973, Líbano 1978 y 1982, las intifadas, las guerras de Gaza desde 2008, la guerra con Hezbollah en 2006 y, más recientemente, los eventos iniciados el 7 de octubre de 2023— que han marcado profundamente a israelíes y palestinos.
El pasado 17 de noviembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó casi por unanimidad la Resolución S/RES/2803, que acoge el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza, y saluda además la Declaración Trump para una Paz y Prosperidad Duraderas, junto con el papel constructivo de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía. La resolución establece un cese del fuego y el intercambio total de prisioneros —vivos o fallecidos— entre las partes.
El texto también contempla la creación de un Consejo de Paz, encargado de supervisar el cumplimiento de los acuerdos y la reforma de la Autoridad Palestina (AP) conforme a los requisitos establecidos en 2020 por el presidente Trump y a la propuesta saudí-francesa. Si estas condiciones se cumplen plenamente, podrían abrir un camino hacia la autodeterminación y la eventual creación de un Estado palestino.
Israel ha aceptado este proceso con evidente reticencia. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo expresó en una declaración en inglés, aunque es posible que no logre sostener esta política dentro de la coalición de gobierno. Las elecciones previstas para fines de 2026 podrían incluso adelantarse. Según diversos sondeos de opinión, la actual coalición no cuenta hoy con una mayoría asegurada. Una eventual transición política en Israel, junto con unas elecciones palestinas —postergadas por más de dos décadas— presenta un panorama complejo y difícil de predecir.
Un paso importante para facilitar este proceso sería que la Asamblea General de la ONU, siguiendo la recomendación del Consejo de Seguridad, admitiera a Palestina como miembro pleno. Actualmente, la AP participa como observador, una situación ambigua. La sociedad civil en varios países está cada vez más involucrada en impulsar un estatus jurídico equitativo tanto para Israel como para un futuro Estado palestino. Este es el camino hacia una paz con justicia, y las Américas podría volver a desempeñar un papel fundamental, como lo tuvieron en el proceso que permitió que el antiguo pueblo judío se transformara en un país dinámico en un Oriente Medio en plena transformación.
Exprofesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ) y de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA)