Por Sofía Martínez de Castro León
Mientras se discute la posible reforma político-electoral en México, diversos temas inundan la conversación pública. Aunque muchos pertenecen más al ámbito político que al electoral, en ambos casos es a través de reglas claras y de su cumplimiento que se garantiza la equidad en la contienda, soporte de la democracia, que implica, fundamentalmente, contar con condiciones sin ventajas indebidas para quienes compiten por votos y por el poder político. Y eso también pasa por la comunicación.
Entre sus antecedentes, la reforma electoral de 2007 fue la de mayor impacto en la materia, al establecer lo que conocemos como el modelo de comunicación política, que, entre otras cosas, prohibió la adquisición de tiempo en radio y televisión. Sin embargo, tras ajustes posteriores, como la reforma del 2014, poco se ha hecho de fondo sobre este tema. Desconocer la historia es obligarse a repetirla. Por ello, vale la pena recordar que este modelo, hoy insuficiente, surgió como respuesta a las demandas de entonces sobre inequidades, simulaciones y uso de recursos públicos por parte del oficialismo. Casi veinte años después, el ecosistema comunicacional ha cambiado radicalmente y las normas también exigen transformaciones si queremos que sean, de alguna manera, efectivas. Si en su momento los medios electrónicos fueron señalados por influir de manera desproporcionada en las preferencias electorales, con la evolución tecnológica, esto se trasladó a las redes sociodigitales. Aunque estas han contribuido a ampliar significativamente el alcance de las políticas públicas, de la educación cívica, de la promoción electoral y de la participación ciudadana, y a abrir espacios para la libertad de expresión, también han sido vehículos de polarización, de violencia de género y de desinformación. Y han facilitado la construcción de ventajas indebidas en las elecciones. Ejemplos hay muchos. Recordemos las publicaciones de figuras públicas en redes sociales durante los días de veda electoral desde 2021 o los diversos casos de encuestas falsas difundidas con fines electorales.
Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), al igual que las anteriores, no son neutras; ni por sí mismas son mejores ni peores para la democracia. Su impacto, como el de sus antecesoras, depende de cómo se usan y del entorno institucional en el que operan. La organización electoral apoya hoy buena parte de sus procedimientos en sistemas tecnológicos y plataformas digitales, desde la ubicación de las casillas hasta el registro de candidaturas, el PREP, los cómputos y la capacitación. Sin embargo, la brecha digital persiste. Según datos del INEGI, el 83 % de la población de 6 años o más usa internet, más de 100 millones de personas. Pero mientras en la Ciudad de México son más del 90 % las personas usuarias de internet, en Chiapas alcanza cerca del 60 %. Estas diferencias afectan la organización de las elecciones y la capacidad de la ciudadanía para informarse, participar y ejercer sus derechos.
En este contexto, la IA irrumpió en la vida cotidiana y está presente, seamos conscientes o no, en nuestro consumo diario de información, al tiempo que constituye también una fuente constante de desinformación que puede agravar el rezago y la polarización. Y, como ya han demostrado las elecciones en diversos países, puede poner en riesgo estos procesos mediante la difusión masiva de contenidos falsos y de material generado artificialmente. La dificultad creciente para diferenciar lo auténtico de lo creado por IA altera nuestra noción de la verdad y la velocidad con la que se comparten contenidos representa un reto para la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia en su conjunto. Por ello, sería un error limitar la atención de la IA únicamente a las campañas electorales. Sería olvidar que cada vez es más complejo distinguir la propaganda política y combatir la desinformación, que buena parte de la violencia política contra las mujeres ocurre durante el ejercicio de los cargos o que, aunque existen restricciones a la promoción personal de funcionarios, las dinámicas propias de las plataformas digitales, la búsqueda de seguidores y la lógica del quehacer político, que anhela visibilidad, parecen contradecir este principio. La campaña es la etapa en la que se materializa el llamado al voto, pero las inequidades y la desinformación se presentan desde antes. La historia nos debe llevar del aprendizaje a la acción: ¿Cómo atendemos los retos de la IA para la democracia cotidiana? ¿Qué se propone para mejorar el sistema electoral respecto del modelo de comunicación política? ¿Cómo se están reforzando los órganos electorales para abordar estas nuevas dinámicas y cómo contribuyen tanto a la alfabetización mediática e informacional como a la alfabetización en IA? ¿Cómo garantizamos que no se viole la libertad de expresión ni se caiga en intentos de sobrerregulación ni en sanciones políticamente selectivas? ¿Cómo fortalecemos la verificación de datos, la participación ciudadana, el debate público y la transparencia, dentro y fuera de las elecciones? ¿Qué estamos aprendiendo de otras experiencias sobre el impacto de la IA en las democracias? Estos son solo algunos planteamientos que podrían discutirse para fortalecer nuestro sistema electoral, combatir la simulación y atender a la diversidad de contextos locales en los que inciden diariamente las tecnologías, desde una comunicación política con integridad y responsabilidad social.
Maestra en Políticas Públicas Comparadas y Consejera Electoral en Chiapas