Por Nora Ruvalcaba
En toda democracia, la confianza en las instituciones se construye a partir de certezas. Certeza de que el presupuesto se ejerce conforme a la ley. Certeza de que los recursos públicos no se comprometen de manera irresponsable. Certeza de que quienes vigilan el gasto lo hacen con independencia y autoridad moral.
Por ello, la designación de la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un procedimiento ordinario. Es una decisión que marcará el rumbo de la rendición de cuentas en los próximos años.
La ASF es el órgano técnico encargado de revisar el destino de los recursos federales, de auditar programas, contratos, fideicomisos y proyectos de alto impacto. Tiene la facultad de promover responsabilidades administrativas y, en su caso, penales. Su papel es clave para garantizar que cada peso del presupuesto cumpla su propósito social.
En ese contexto, considero indispensable que el proceso de selección sea exhaustivo y transparente, especialmente cuando existen antecedentes que ameritan revisión pública. Tal es el caso de los señalamientos relacionados con el proyecto energético de la empresa Next Energy en Aguascalientes.
De acuerdo con información pública, dicho proyecto contemplaba compromisos financieros de largo plazo por alrededor de 28 mil millones de pesos. Se trata de una cifra que, por sí misma, exige el más alto estándar de análisis técnico y responsabilidad institucional. Hablamos de recursos que, de comprometerse de manera inadecuada, impactan directamente en la capacidad de un estado para invertir en salud, educación, infraestructura y desarrollo social.
No se trata de prejuzgar ni de descalificar trayectorias. Se trata de reconocer que la dimensión de los montos involucrados y la relevancia del órgano a designar obligan a un escrutinio riguroso. La fiscalización superior debe estar libre de cualquier duda razonable, tanto en términos legales como en términos de percepción pública.
La ciudadanía exige instituciones fuertes. Y una institución es fuerte cuando quienes la encabezan cuentan con experiencia técnica, sí, pero también con credibilidad incuestionable. La autoridad moral no es un elemento accesorio en la función pública; es un componente esencial para ejercerla con legitimidad.
La Cámara de Diputados tiene hoy la oportunidad de enviar un mensaje claro: que la vigilancia del gasto público estará por encima de cualquier consideración política y que la congruencia será el criterio rector.
México enfrenta retos presupuestales importantes. Cada peso del erario cuenta. En ese escenario, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación no es un asunto menor: es una condición indispensable para consolidar la confianza ciudadana.
La fiscalización no puede ser débil ni estar bajo cuestionamiento. Debe ser firme, técnica y transparente. Solo así podremos asegurar que los recursos públicos cumplan su objetivo fundamental: servir al bienestar de las y los mexicanos.
Senadora de la República Mexicana
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