Por Clarissa Veneroso Segura
La reforma judicial de 2024 introdujo un modelo inédito para legitimar la función jurisdiccional; sin embargo, su implementación en 2025 dejó lecciones operativas que no pueden ignorarse si se busca su perfeccionamiento.
En este contexto, una “reforma de la reforma” resulta indispensable para realizar ajustes profundos que mejoren su ejecución y refuercen la certeza de sus resultados.
Uno de los aspectos que requiere especial atención es la selección de candidaturas judiciales dentro del esquema de elección popular adoptado por nuestra Constitución. A diferencia de los cargos políticos, la función judicial exige un perfil técnico, profesional y especializado en el derecho.
Desde la reforma de 1994 se impulsó la carrera judicial como un mecanismo de profesionalización. Se creó entonces el Instituto de la Judicatura Federal con el propósito de garantizar que quienes impartieran justicia contaran con formación, capacitación y habilidades específicas. No obstante, con el tiempo, este modelo se debilitó debido a prácticas indebidas y problemas estructurales.
Por ello, la reforma de 2024 excluyó ciertos cargos de la carrera judicial. Sin embargo, ello no implica que la formación y capacitación de quienes aspiren a estos puestos haya dejado de ser esencial.
El modelo de elección popular no debe prescindir del perfil técnico de las personas juzgadoras; por el contrario, debe reforzarlo.
En este sentido, resulta razonable establecer como requisito para acceder a una candidatura judicial la acreditación de un curso especializado o, mejor aún, la aprobación previa —para cualquier candidatura— de un examen general de conocimientos sobre la función jurisdiccional, a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Dicha institución tiene el mandato constitucional de formar, evaluar y certificar al personal del Poder Judicial, por lo que su participación fortalecería la calidad del proceso.
Esta medida debe acompañarse de otros ajustes, como la eliminación de mecanismos aleatorios en la selección y el reconocimiento de la experiencia jurisdiccional mediante incentivos claros.
La incorporación de un examen de conocimientos no solo fortalecería el perfil de las personas aspirantes a candidaturas, sino que también contribuiría a garantizar una justicia más profesional, imparcial y acorde con las exigencias del país.
Sin conocimientos verificados, no es posible garantizar un sistema de justicia a la altura de las legítimas demandas de la ciudadanía. Todo lo demás es apostar a la suerte.
Secretaria de estudio y cuenta del TEPJF